Las elecciones municipales del 22 de mayo serán las primeras en las que se aplique el veto al voto emigrante derivado de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que ratificará el Senado este miércoles con el apoyo de los tres partidos con representación en la Cámara autonómica —PPdeG, PSdeG y BNG—.

La proposición de ley llegó a la Cámara alta tras dos años de trabajo de una subcomisión en el Congreso, presidida por el socialista Alfonso Guerra, y culmina la primera actualización global de una norma que data de 1985. Su consecuencia más directa es que más de 360.000 gallegos inscritos en el Censo Español de Residentes Ausentes (CERA) no podrán, por vez primera, ejercer su derecho a voto el 22-M.

Con todo, las tres principales formaciones de la Comunidad están satisfechas con su aprobación y coinciden en lo positivo de que la reforma de la ley electoral cierre las puertas "a la incoherencia" de que ciudadanos que no residen en los ayuntamientos gallegos —y que en ocasiones ni si quiera los conocen— puedan decidir sobre los futuros gobernantes, aunque los nacionalistas la ven insuficiente.

Lo ha manifestado este martes el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, quien ha avanzado el apoyo de la formación frentista a esta modificación legal al considerar que va "en la dirección adecuada", aunque ha matizado que su formación demanda cambios al respecto del sufragio exterior "en otros comicios, como los autonómicos".

Por su parte, PPdeG y PSdeG aplauden la reforma y, pese a ser conscientes de que puede influir en los resultados de las locales, evitan otorgarle una gran trascendencia. De hecho, Celso Delgado (PP) auguraba recientemente "un efecto neutro", mientras que el socialista Pablo García consideraba "evidente" que influirá en los ayuntamientos de la Comunidad con mayor peso del voto exterior, aunque aseguraba que los socialistas lo afrontan "con tranquilidad".

Y es que, hay total de 365.172 gallegos registrados en el CERA, la mayoría procedentes de A Coruña —127.580— y Pontevedra —105.798—. Las provincias de Lugo y Ourense cuentan con 49.991 y 81.803, respectivamente. Además, los residentes ausentes suponen más de una cuarta parte de los censos electorales de la mitad de los 315 ayuntamientos gallegos y, en el caso de municipios ourensanos como Avión o Bande, los electores en el extranjero superan a los vecinos con derecho a voto que residen en estas localidades.

Voto en urna y tránsfugas

Además de impedir el voto a los residentes ausentes que no estén censados en un municipio español, otra de las novedades de la reforma electoral que ratificará este miércoles el Senado se refiere a la posibilidad de voto en urna en consulados y embajadas para los emigrantes.

También desactiva el papel clave de los tránsfugas en las mociones de censura locales, mejora del sistema de concejo abierto que rige para los pequeños municipios o adelanta el censo válido para unas elecciones evitando empadronamientos de conveniencia.