El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción municipal en Marbella (Málaga), ha denegado liberar 6.000 euros mensuales para el pago de los honorarios profesionales de la defensa de la ex edil Isabel García Marcos, acusada en la causa, con cargo a unas cantidades percibidas por su intervención en dos programas de televisión.

La representación legal de la ex socialista pidió que se autorizara destinar dicha cantidad al mes para pagar al letrado y al procurador, asegurando que atraviesa "una difícil situación económica" como consecuencia de este proceso penal, con unos ingresos mensuales de los que "ya se le detrae" una cantidad determinada por retenciones judiciales.

Igualmente, en el escrito presentado por la defensa de García Marcos se indicaba que ésta había percibido más de 52.000 euros en total por la intervención en dos programas de televisión, cantidad que estaba embargada desde mayo del pasado año. Además, se recordaba que la Sala había acordado autorizaciones similares respecto a otros procesados.

En este sentido, el Tribunal contesta que no existe en el caso de esta acusada la situación "excepcional y justificada" que se exige para acceder a dicha petición, señalando que el supuesto de García Marcos es "bien distinto" a los otros dos en los que se autorizaron pagos, el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; y el ex alcalde Julián Muñoz.

Así, se precisa que ambos acusados "han estado presos preventivos y en régimen de cumplimiento durante varios años", por lo que la Sala, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press, considera "evidente que estos señores no han podido desempeñar trabajo alguno durante ese periodo de tiempo, no pudiendo, en consecuencia afrontar los gastos de este proceso".

En el caso de García Marcos, el Tribunal señala que "ha venido gozando de libertad durante estos años y percibiendo su nómina mensual, al haber podido seguir trabajando normalmente", por lo que entiende que "ha debido saber adaptar su situación económica en atención al proceso penal en el que se ve inmersa" y "ajustar sus gastos procesales a sus posibilidades económicas actuales".