La Junta de Castilla y León prevé gravar la producción hidroeléctrica y el transporte por líneas de alta tensión en base a su impacto medioambiental y siempre que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) garantice que estos dos nuevos tributos no repercutan en la factura de los ciudadanos, ya que, como explicó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de ser así la Administración regional no avanzaría en su puesta en marcha.

Del Olmo presidió la segunda reunión del grupo de trabajo en el que se analiza la creación de estos nuevos gravámenes y del que forman parte representantes de los tres grupos parlamentarios —PP, PSOE y Grupo Mixto—, un encuentro en el que hubo "unanimidad y consenso" en avanzar en este sentido para poder crear los tribunos "lo antes posible", aunque parece "imposible" ponerlos en marcha antes de que concluya la actual legislatura.

La consejera de Hacienda recordó las cuatro "líneas rojas" pactadas en las Cortes al iniciar los trabajos para la creación de estos impuestos y que se centraban en la magnitud del impacto medioambiental, la seguridad jurídica, que su puesta en marcha no afecte a la actividad económica y que no repercuta en la factura de los ciudadanos.

De este modo, sólo el establecimiento de un gravamen sobre la producción eléctrica del agua embalsada en la Comunidad y otro al transporte eléctrico por líneas de alta tensión cumplirían estos requisitos, aunque es necesario consultar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) si cualquiera de estos dos tributos podría suponer una repercusión en la factura, lo que obligaría a la Junta a rechazar su puesta en macha.

De forma paralela al informe de la CNE el Ejecutivo regional avanzará en la creación de dos anteproyectos de ley para lo que se mantendrán reuniones con los directores generales de Tributos de otras comunidades autónomas para conocer sus experiencias, en concreto las de Asturias y Extremadura sobre el transporte y esta última con Galicia en el caso de agua embalsada.

Por el momento se desconoce cuánto podría recaudar la Comunidad a través de estos tributos, lo que sí se ha acordado es que no se gravarán otras energías como la del carbón o la solar y permanece pendiente de estudios la situación de la eólica.

La consejera de Hacienda incidió en la repercusión ambiental que tienen el agua embalsada y el tendido eléctrico de alta tensión, por lo que reiteró que se trata de unos tributos "medioambientales" que afectarían a empresas eléctricas, con las que prevé mantener reuniones cuando se detalle la magnitud de estos tributos.

En este sentido, la puesta en marcha de estos tributos se llevará a cabo "independientemente" del recurso que mantienen las compañías eléctricas contra el Decreto que prima el uso del carbón autóctono, aunque, como señaló Del Olmo, "todo se puede valorar".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, valoró el avance de los trabajos dentro del grupo y el acuerdo alcanzado en base de los hechos imponibles. Así, Redondo incidió en los avances realizados desde la seguridad jurídica.

En cuanto a la posibilidad de gravar otro tipo de energías para Redondo es "lógico" primar a las renovables por su bajo impacto ambiental y, en el caso de Castilla y León, a la del carbón. En cuanto a la energía nuclear, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista recordó que tiene "los días contados", por lo que no es "lógico" hablar de nuevos tributos.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, señaló que los trabajos del grupo "han avanzado bien" y con una base "técnica" desde la que se busca las mejores soluciones para gravar a las eléctricas. "Yo creo que los tributos sí saldrán adelante", concluyó.