El número de personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en Aragón duplica en estos momentos al número de personas que permanecen en prisión. Las cárceles aragonesas acogen a más de 2.600 internos, mientras que existen en estos momentos, sólo en la provincia de Zaragoza, más de 4.000 expedientes de personas condenadas a realizar estros trabajos en beneficio de la comunidad.

Por ello, el Informe Especial sobre las Necesidades Asistenciales de la Población con Alto Riesgo de Delincuencia en Aragón sugiere la puesta en marcha de nuevos trabajos que ocupen a estas personas, con al menos 500 nuevas plazas anuales, como una alternativa a su ingreso en prisión.

Este informe, presentado por el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, y elaborado por el magistrado decano de Zaragoza, Ángel Dolado, el doctor en psiquiatría, José María Civeira, y el médico forense, Paulino Querol, analiza los problemas y alternativas en el cumplimiento de las penas y propone, cuando sea posible, la mediación y los trabajos en beneficio de la comunidad, entre otras medidas, como formas de enfrentarse a los conflictos y de dar solución a las penas.

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