El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, ha adelantado este martes que se va a pedir al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que se cambie el itinerario de la manifestación que los sindicatos protagonizarán el día 25 contra los recortes, para que no pase por el domicilio del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

Campos, que ha hecho estas declaraciones tras el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Rubén Jiménez, ha manifestado que, en coincidencia con los distintos ámbitos jurídicos, en la próxima movilización de las organizaciones sindicales, el delegado "está obligado a cambiar el itinerario, sin merma del derecho de manifestarse que tienen los funcionarios".

Y es que, en su opinión, "no se puede centralizar el hecho de una protesta aunque sea por grupos radicales en un domicilio en el que reside el jefe del Ejecutivo murciano y en el que, además, otros ciudadanos se pueden ver afectados por estas manifestaciones".

Por ello, se va a solicitar a la Delegación del Gobierno que en la próxima movilización de los sindicatos contra los recortes del Ejecutivo regional, prevista para el día 25, se cambie el recorrido de la marcha.

De no hacerlo, ha advertido que acudirán a los tribunales, y se planteará, al mismo tiempo, "el procedimiento de protección de derechos fundamentales y se irá a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, para que altere el itinerario y no se produzca vulneración de los derechos de las personas y los del presidente".

No obstante, Campos ha expresado su deseo de que no se tenga que acudir a la vía judicial, y el delegado del Gobierno "esté a la altura de las circunstancias".

"reacción violenta desorbitada"

Por otro lado, el consejero de Justicia se ha referido a una "reacción violenta y desorbitada que no tiene sentido", puesto que, ha subrayado, "no se puede ligar la protesta de los funcionarios a este tipo de actos".

En todo caso, ha puntualizado, "la crispación de miembros de la izquierda ha determinado que las cosas se hayan podido ir un poco fuera de lo que es el desarrollo de una protesta en un estado democrático".

"Los funcionarios afectados por los recortes tienen su derecho constitucionalmente reconocido, pero de ahí a utilizar la violencia a través de grupos radicales que se integran en ese tipo de manifestación, pues hay mucha distancia", ha declarado Campos.

Es por ello por lo que ha pedido ser cautos al respecto, y poner los medios necesarios para que hechos de esta naturaleza "no se produzcan". Al mismo tiempo, ha considerado que la Delegación del Gobierno "tiene que ser seria, independiente y rigurosas, que tutele los derechos de los manifestantes y de otras personas".

Por último, preguntado sobre el plan de seguridad a los consejeros murcianos y al presidente Valcárcel, Campos ha afirmado que se está trabajando en él, y en unos días se desarrollará.