El grupo de trabajo creado por la Junta de Castilla y León para analizar el establecimiento de un canon a las empresas eléctricas en la Comunidad Autónoma se reunirá hoy, martes, para estudiar los informes realizados por las tres consejerías competentes, Medio Ambiente, Hacienda y Economía y Empleo.

Según han informado a Europa Press desde la Consejería de Hacienda, la reunión comenzará a las 11.00 horas y contará con participación de todos los integrantes de este grupo de trabajo creado el pasado 1 de diciembre, las tres consejerías implicadas y los grupos parlamentarios.

El objetivo de este primer encuentro del grupo de trabajo, tras la reunión constitutiva del pasado mes, es empezar a trabajar en el estudio de las posibilidades existentes para establecer este gravamen a las eléctricas en la Comunidad.

Pilar del Olmo, la encargada de impulsar la puesta en marcha de este grupo, reconoció durante la constitución de este grupo que el "camino" que se debe recorrer para el establecimiento del canon "no es sencillo" ya que existen "muchas variantes".

Según explicó entonces la consejera, la puesta en marcha del canon a las eléctricas se abordará "sin pausa" pero sin "precipitaciones" con el fin de cerrar un acuerdo en marzo, al tiempo que incidió en que el gravamen no prosperará si perjudica a algún sector de la Comunidad.

La consejera de Hacienda insistió en que el objetivo era que este Proyecto de Ley se apruebe antes de que se disuelvan las Cortes en el próximo mes de marzo, aunque reiteró que la decisión no será precipitada, ya que se trata de un asunto "complicado".

En este sentido Del Olmo recordó que este tributo ya existe en otras comunidades autónomas, con lo que se ha constatado que el recorrido "no es fácil". "No podemos fallar", manifestó la consejera, quien recordó las "líneas rojas" marcadas por el Gobierno regional sobre este tributo y que no se pueden traspasar, como son la seguridad jurídica, que las inversiones que se realicen con la recaudación del tributo se destinen a medio ambiente, que no perjudique a los usuarios y que no tenga incidencia en el desarrollo económico y social de la Comunidad.