La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha instado al Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat a "reflexionar" antes de interponer la querella contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como "responsable-firmante" de la orden ministerial que paraliza el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (pepri) del Cabanyal y ha manifestado que el Ministerio de Cultura ha actuado "al servicio del interés general".

Botella ha hecho estas declaraciones al ser preguntada por los medios de comunicación sobre este asunto, tras asistir al acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial en su categoría de bronce con distintivo azul al capitán Alfonso Flores Rubio en la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat.

En relación a la decisión del Ayuntamiento y la Generalitat de presentar conjuntamente una querella por un supuesto delito de prevaricación contra la ministra de Cultura, la delegada del Gobierno ha destacado que esta medida "no es un hecho" y ha asegurado que "la posición del Ministerio es el cumplimiento y ejercicio de su responsabilidad". Además, ha indicado que "llama la atención que seis meses después —de la paralización del Pepri— se planteen este tipo de medidas".

"Todas las actuaciones que ha realizado el Gobierno sobre este asunto han sido realizadas con informes favorables del Consejo de Estado, de la Abogacía del Estado y de funcionarios públicos", ha añadido la delegada del Gobierno, para quien el conjunto de estos organismos y personal público está "al servicio del interés general", ha reiterado.

Por ello, Ana Botella ha pedido a las autoridades valencianas que "reflexionen" en el plazo de tiempo en el que han anunciado que van a interponer esta querella, ya que "en un Estado de Derecho todas las instituciones tienen derecho a practicar las actuaciones legales que consideren".

Preguntada sobre el fundamento legal en el que se sustenta la querella, la delegada del Gobierno en la Comunitat no ha querido entrar a valorar este punto y ha recordado que este asunto está en manos del Tribunal Constitucional (TC), "que es la máxima instancia legal en este país".