La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado, con los votos a favor del PSOE-A, la negativa del PP-A y la abstención de IULV-CA, el decreto-Ley de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía y simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si bien, este decreto será tramitado en el ámbito parlamentario como un proyecto de Ley por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios.

El turno de intervenciones en la Diputación Permanente fue abierto por el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, quien ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 28 de diciembre esta norma que incluye como principales novedades la reducción a la mitad de los trámites administrativos en grandes proyectos de interés estratégico y el establecimiento de fórmulas para que las pymes puedan iniciar sus actividades sin esperar a la autorización de la Administración.

Asimismo, el decreto-ley cuenta con dos bloques diferenciados, uno dirigido a agilizar la ejecución de grandes proyectos estratégicos de inversión empresarial y otro con medidas orientadas a facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas.

Según ha apuntado Ávila, el primer conjunto de medidas establece el marco regulador que permitirá identificar proyectos que puedan ser declarados de interés estratégico para Andalucía, por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Este tipo de iniciativas empresariales se beneficiarán de una tramitación preferente y urgente, de manera que se reducirán a la mitad tanto los plazos de los procedimientos administrativos que les afectan como su resolución y notificación.

Si bien, el segundo bloque del decreto-ley incluye figuras de mejora de la regulación y simplificación administrativa para agilizar la inversión de las pymes, fundamentalmente la declaración responsable y la comunicación previa. La normativa, dirigida fundamentalmente a eliminar barreras administrativas que suponen límites a la actividad económica, conlleva la adecuación de 17 leyes de la comunidad autónoma, así como 92 decretos y 27 órdenes.

Posicionamiento de los grupos

La diputada del PSOE-A Pilar Navarro, que ha comenzado su intervención mostrando la disposición de su grupo a que el decreto-ley se tramite como proyecto de ley, ha considerado de relevancia que las distintas formaciones políticas, así como los agentes sociales y económicos participen en la tramitación parlamentaria de esta normativa.

Navarro ha indicado que el Gobierno andaluz está aprobando medidas para salir de la crisis económica y ha hecho hincapié en tres iniciativas que se contemplan dentro de esta nueva normativa: la aprobación de anticipos para la tesorería de los ayuntamientos; el trámite de celeridad máxima para todos los proyectos empresariales relevantes para generar empleo, riqueza e innovación; y el fomento del trabajo y la iniciativa de los emprendedores.

Por su parte, el diputado y secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha solicitado la tramitación como proyecto de Ley de este decreto, al que ha considerado un "auténtico cajón desastre" para afrontar la situación económica y "una corrección de la corrección de la corrección" como consecuencia de los errores del Gobierno andaluz y de la aplicación de "recetas fracasadas".

En esta línea, Sanz ha denunciado el "abuso" por parte de la Junta de la figura de los decreto-ley que en el Estatuto de Autonomía tiene una justificación muy clara, "en casos de extraordinaria y urgente necesidad". A su juicio, el uso excesivo de esta figura supone la "improvisación constante" del Gobierno para afrontar la crisis y la "reiteración de parches" políticos con los que la Junta pretende solucionar los problemas de la economía andaluza.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Ignacio García ha indicado que la "complejidad" de este decreto-ley hace aconsejable su tramitación como proyecto de Ley, coincidiendo con el PP-A en la crítica a una tendencia en los últimos tiempos por parte del Gobierno de la Junta a "abusar" del decreto-ley, especialmente en períodos inhábiles. "Luego pasa lo que pasa", ha añadido el diputado, en relación al decreto-ley de reordenación del sector público andaluz.

Asimismo, ha apuntado que la crisis en la que está inmersa Andalucía y el resto del Estado español no es debida a la falta de agilización administrativa, por lo que esta iniciativa no debe presentarse como un elemento de solución de la crisis. "Esto es una cosa que, probablemente, aprovechando la crisis están pidiendo algunos empresarios y que puede ser razonable en determinados aspectos", ha señalado.