Iberdrola y ACS se enfrentan este martes en un juicio que se celebrará en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao por la demanda interpuesta por la constructora contra algunos acuerdos de la última Junta de accionistas de la eléctrica, que le impidieron entrar en el consejo de administración de la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán.

La cita será a partir de las diez de la mañana y viene precedida de la audiencia previa al juicio que se celebró el pasado 7 de octubre y en la que ambas partes se ratificaron en sus posiciones.

El origen de la demanda se remonta a la Junta de accionistas de Iberdrola celebrada el pasado 26 de marzo, a la que acudió ACS con la intención de designar a un representante en el consejo de administración de la eléctrica. En ese momento, contaba con el 12,6 por ciento de las acciones, un porcentaje que se ha elevado hasta el actual 20,2 por ciento.

En concreto, el grupo constructor impugnó dos de los acuerdos de esa Junta, uno de ellos fue la decisión de los accionistas de Iberdrola de destituir al consejero que había designado en esa misma Junta (José María Loizaga). El otro acuerdo era la reducción a 14 del número de miembros del consejo de administración. ARGUMENTOS

Iberdrola alega que ACS es un "competidor directo" para impedir su entrada en el Consejo y tratará de demostrar en el juicio que existe entre ambos grupos un conflicto de competencia estructural, directo y permanente. La eléctrica afirmaba el pasado mes de julio que la entrada en el consejo de ACS podría poner en riesgo 1.400 millones.

Con el objetivo de demostrar la existencia de ese conflicto, la eléctrica ha incorporado al procedimiento varios documentos e informes, como dos periciales de la firma Nera Economic Consulting, cuatro de PricewaterhouseCoopers y otro del catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeau Fabra de Barcelona, Benito Arruñada.

Por su parte, el grupo presidido por Florentino Pérez defiende que no existe ese conflicto estructural y permanente, sino algunas coincidencias "puramente puntuales" en algunos ámbitos de energías renovables e ingeniería industrial.

ACS entiende que se ha "cercenado el derecho" de la empresa a tener un representante en el consejo y critica que Iberdrola esté "obstaculizando" su presencia en el mismo. La constructora cuantificaba en el mes de julio en 800 millones en patrimonio y, al menos, 97 millones en resultados el impacto de no estar presente en el consejo. DIRIMIR

Previamente a este juicio, el mismo juez tuvo que dirimir sobre la petición de ACS de que se suspendieran cautelarmente los dos acuerdos de la Junta de Iberdrola que impugnó.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 denegó esas medidas cautelares al considerar que, por el momento, no se había acreditado que el conflicto de intereses entre ambas compañía sea sólo "accesorio y puntual". Además, apuntó que, a la vista de los informes aportados por Iberdrola, indiciariamente, parecía existir "un conflicto económico de gran entidad entre ambos grupos".

No obstante, consideraba que, si finalmente se demuestra que el conflicto es puntual, el grupo constructor tendría "razón" al considerar que el cese de su consejero fue contrario a lo establecido en la ley y una medida "desproporcionada".