El ex jefe de Inspección de la Hacienda de Bizkaia Juan Ramón Ibarra, juzgado desde este lunes por presunta prevaricación y cohecho al supuestamente favorecer a contribuyentes en sus declaraciones tributarias, ha asegurado que no se podrá "encontrar evidencia alguna" de que, como consecuencia del listado de contribuyentes que el mismo mandó crear, "únicamente con finalidad informativa", se haya "entorpecido ninguna labor, ni vía gestión ni vía inspección".

La sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha iniciado este lunes el juicio contra Ibarra, que se prolongará hasta el 10 de marzo, ante las supuestas irregularidades que se empezaron a investigar en 2003. La Fiscalía solicita para Ibarra un total de 11 años de cárcel y una multa de más de 800.000 euros por los delitos de falsificación continuada de documento público, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y desobediencia.

En su declaración, y a preguntas del Ministerio Fiscal, Ibarra ha indicado que, como subdirector de Inspección, sus funciones son "cumplir y hacer cumplir, de la mejor manera posible, las órdenes del director de Hacienda", para lo cual se dedicaba, "no en exclusiva pero sí fundamentalmente, a gestionar información y relaciones e imponer criterio".

En relación al listado de empresas supuestamente beneficiadas, Ibarra ha señalado que "0052 es una lista que se apunta en un soporte informático donde, además, se apuntan" otros aspectos como "beneficios fiscales, actas únicas y propuestas de inspección, y si la propuesta es aceptada tal y como está planteada por el director, lo cual no siempre ocurre, planes de inspección".

Por otro lado, ha explicado también que cuando se pretendía actuar contra algunos de los contribuyentes de la lista, vía gestión o vía inspección, "se levantaba la traba, se actuaba y luego se volvía a la situación anterior".

Tras insistir en que él mismo mandó crear la lista, ha explicado que en ella ponía contribuyentes y unas fechas "porque el sistema lo requería así" y "partía del implícito de que cualquier cosa que estuviera allí apuntada, si se iba a actuar tanto vía gestión como si se iba a meter en el plan de inspección, lo cual siempre que ha sido requerido se ha dado el consentimiento, yo me iba a enterar". "La única virtualidad de la lista para mí era una finalidad informativa", ha reiterado.

Además, ha reconocido que la persona que se relacionaba con la aplicación era María Valvanera, una de las acusadas, porque él no sabía "manejar aquello", sino que únicamente le decía "apunta esto aquí". Ibarra ha insistido en que empezó a hacer el listado porque "trataba de cumplir y de hacer cumplir las órdenes de director de Hacienda lo mejor posible, en base a unos criterios de actuación, uno de ellos la gestión de información".

En la citada lista "0052", que no le fue encomendada por el director de Hacienda y tampoco se lo comunicó, sino que fue una decisión "personal por entender que tenía la obligación de estar informado" y era "un instrumento de trabajo", se incluían "contribuyentes que, por alguna circunstancia especial que se daba en ellos, suscitan interés profesional en clave de estricto seguimiento".

Por otro lado, ha asegurado que la existencia de la lista era "pública y notoria" y ha subrayado que el decidir usarla correspondía a su "autonomía personal de decisión, desde la certeza de que no suponía ninguna disfunción para la operativa normal del sistema", cuestión sobre la que tiene "evidencia que aportar" si se le pide.

En ese sentido, cuando el entonces director de Hacienda, Javier Muguruza, tuvo conocimiento de la existencia del listado, Ibarra ha reconocido que se produjo un enfrentamiento, pero "en ningún momento me dijo que borrase la lista", cuando "lo podía haber hecho él mismo con sus medios". Después de este enfrentamiento, Ibarra "quitó algunos de la lista y apuntó otros". "Yo siempre actuó a iniciativa personal cuando me relaciono con la lista, quitando y apuntando", ha aseverado.

Asimismo, ha remarcado que, "en la Hacienda Foral de Bizkaia, tenemos un sistema de trabajo en base a procesos y órganos colegiados de gestión, de forma que no existe reducto de intimidad alguna para que ningún funcionario pueda protagonizar comportamientos irregulares sin que la gente lo vea".

Ibarra ha reconocido también que, siendo subdirector de Inspección, le ayudaban a hacer la declaración de la renta porque le daba "pereza". "Yo era capaz de hacerla, pero me resultaba más cómodo que me ayudaran a hacerla", ha dicho.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal, en su escrito, señala que las cantidades recibidas por Juan Ramón Ibarra por los hechos de los que está acusado ascienden, "como mínimo", a 337.000 euros, cantidad que el ex subdirector de Inspección ha asegurado que procedían de un préstamo que, "con carácter transitorio", le hizo su padre, que devolvió tras pedir dos préstamos hipotecarios. ACUSADOS

También se sentarán en el banquillo de los acusados los ex funcionarios Joaquín Tebar Morcillo, José Luis Silvestre López y María Valvanera Canal, a los que se les atribuye delitos continuados de falsificación, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Para ellos, el Ministerio público pide ocho años de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción presentó, a finales de 2003, una querella contra al ex jefe de Inspección de la Hacienda vizcaína, después de que los responsables del Departamento detectaran "irregularidades" por un supuesto trato de favor hacia varios contribuyentes para que no fuesen inspeccionados entre 1998 y 2003.

En el escrito de la Fiscalía, se señala que Ibarra presuntamente "incumplió" las obligaciones derivadas de su profesión y realizó supuestas actuaciones que "impidieron la correcta aplicación de las normas tributarias, favoreciendo a determinados contribuyentes que, en diferentes formas, fueron excluidos de los procesos de selección y verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

La Fiscalía indica que esas actuaciones se realizaron por el acusado, con "la ayuda y apoyo" de los restantes acusados, ya que, de no haber actuado de acuerdo a Ibarra, se "hubiera impedido o cuando menos revelado la ilegal actuación del acusado".

Aplicación informática

En el escrito, el Ministerio fiscal señala que esas actuaciones consistían en la inclusión en el sistema informático de Hacienda de datos "no reales reflejando la actuación inspectora sobre un determinado contribuyente". Otra de las actuaciones que cita es que se excluía o impedían actividades de comprobación e inspección o pendientes de inicio.

El Ministerio fiscal cree que, en ambos casos, la finalidad era dar "un trato de favor" que impidiera que el "cumplimiento" de las obligaciones tributarias por esos contribuyentes pudiera, con carácter general, "ser investigada por los órganos con competencia y según los criterios y procesos legalmente establecidos para ello.

Diputados generales

Ibarra continuará este martes con su declaración, ya que en la sesión de este lunes ha quedado pendiente el interrogatorio por parte de la defensa. También está previsto que presten declaración el resto de acusados.

Además, declararán como testigos el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y su antecesor en el cargo, Josu Bergara, a petición de la defensa y con el objetivo de que expliquen cómo se lleva a cabo el nombramiento del subinspector de Hacienda y, en el caso de Bilbao, aclare porqué decidió la Diputación Foral de Bizkaia apartarse del procedimiento, cuando inicialmente se había personado contra Ibarra.