Los sindicatos y plataformas de empleados públicos que han convocado una manifestación para el próximo sábado, 22 de enero, mantienen en los mismos términos la protesta contra el decreto ley de reordenación del sector público y están ultimando y consensuando un manifiesto conjunto para ese día.

Las formaciones convocantes de la manifestación del 22 de enero se han unido en un frente común y son CSIF-A, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, CGT-A, SAT, USO y Ustea, entre otros.

Varias fuentes sindicales consultadas por Europa Press han indicado que pese a que se desmarcan de las manifestaciones de un portavoz de la PEPA sobre boicotear actos políticos durante la campaña de las elecciones municipales, "nos une a todos el rechazo al decreto ley, por lo que vamos a seguir adelante con la manifestación del día 22, mientras que lo siguiente será un melón por abrir, a expensas de lo que se decida en el Parlamento andaluz".

De esta forma, todas esas formaciones acudirán a la convocatoria de este sábado, para lo cual están ultimando el manifiesto conjunto y la pancarta.

Tanto CSIF-A como Ustea y Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) se desmarcaron de las manifestaciones de un portavoz de la PEPA y aseguraron que no van a boicotear actos de partido ni actos electorales para protestar contra el decreto ley, aunque sí se movilizarán en actos de la Junta de Andalucía.

La manifestación de este sábado en Sevilla en contra del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta discurrirá desde el palacio de San Telmo hasta el Parlamento de Andalucía, en la capital hispalense.

Los convocantes estiman que pueden reunir ese día a unos 50.000 manifestantes y han recordado que en esta convocatoria, que lleva el lema 'Por unos servicios públicos de calidad, contra la privatización', exigen la derogación "inmediata" del decreto ley 5/2010, del 6/2010 "y de cuantas medidas complementarias a su amparo se hayan ido aprobando desde julio de 2010", así como la retirada del proyecto de Ley que se tramita en el Parlamento andaluz.