Con un total de 28 votos a favor y 26 en contra, los grupos parlamentarios de CC y PP han aprobado este lunes la modificación de la ley que regula el sector eléctrico canario, variación que a juicio del PSOE contraviene la legalidad.

A juicio del grupo parlamentario socialista, la norma "pasa por encima" de los ayuntamientos y cabildos y modifica una Directriz, hecho que no puede hacerse a través de una proposición de ley en función de la legislación vigente.

El diputado del PP, Manuel Fernández, ha defendido en el pleno del Parlamento que la modificación es importante porque afecta "al cien por cien" de los canarios. "Es una ley muy simple y trata de enmendar la de 2007", ha explicado para exigir que se "coja el toro por los cuernos" para mejorar el bien de Canarias. El popular recordó que las Directrices "nos han dado muchos quebraderos de cabeza" y criticó que se planifique para más de cinco años. "Tenemos que ser realistas", defendió para pedir que no haya tanta leyes que provoquen "problemas graves".

Fernández criticó que el PSOE hable de que se pretende "interferir" en la autonomía municipal y tildó como "normal y lógico" que el Gobierno quiera regular cuando un municipio "interfiere" en el interés general. "¿Queremos servicios sí o no?", se ha preguntado el popular para rechazar que haya decisiones políticas "partidistas y transitorias".

El popular insistió en que éste es un asunto "obvio" y recordó que nadie en Canarias no ha sufrido perder alimentos por no tener energía eléctrica. "Queremos desterrar caprichos", ha defendido el parlamentario quien solicitó que no haya demagogia en este asunto.

Oposición municipal

El diputado del PSOE, Manuel Fajardo Palarea, aseguró que su partido no está de acuerdo con que se caduquen los alimentos o con que se utilicen velas. Aquí recordó que han sido los alcaldes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) quienes han pedido a su grupo que se opongan a esta ley. "No hay que engañar a los ciudadanos", ha afirmado.

Fajardo Palarea exigió para aprobar la norma el consenso no sólo entre los partidos, sino también con los municipios. "No se debe caer en el pecado de decir que se modifican sólo artículos, sino que se ha dado cuerpo a la ley", ha proseguido para afirmar que "no es bueno" decir que los alcaldes quieren hacer su voluntad y oponerse a las obras del Gobierno.

El socialista criticó que CC y PP sólo tomen en cuenta las recomendaciones del Consejo Consultivo "que les interesa". Mantuvo que ha intentado buscar una alternativa para que se creen mecanismos de coordinar a ayuntamientos y cabildos en el diseño de estrategias y nuevas infraestructuras o que participen en comisiones de seguimiento de la planificación. "No pasen sobre la voluntad de ayuntamientos y cabildos", ha pedido.

Norma ilegal

Fajardo Palarea exigió al Gobierno que "haga lo que tiene que hacer" tras la ley de 1997 sobre el sector eléctrico y ha advertido a los diputados de CC y PP "que si votan a favor cometen una ilegalidad", ya que la única forma de modificar una directriz es según la ley Directrices. "A sabiendas de lo que dice el Consultivo si contravienen el mismo y votan en contra, allá ustedes. Están ustedes avocando la aprobación de la ley a otros ámbitos que no serán los políticos", ha argumentando.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, planteó que actualmente al no existir un plan insular de ordenación territorial el sistema eléctrico necesita medidas "urgentes". Aquí afirmó que lo que se intenta con la modificación es "clarificar" la normativa.

González defendió que la normativa busca la cooperación entre las administraciones para añadir que cuando haya discrepancias sobre el proyecto eléctrico deberá decidir si es necesario el Ejecutivo. Apostilló aquí que hasta que no haya planificación las actuales centrales deben poder mejorarse o realizar obras de mantenimiento. "Hemos quitado la fecha de cuando había que eliminarla", dijo refiriéndose a la central obsoleta de Caletillas en Tenerife.

González aseguró que durante la tramitación el PSOE no ha presentado enmiendas con propuestas alternativas. Aquí añadió que la oposición de la Fecam no es al actual texto sino al inicial. "Hablar con quien no quiere hablar es imposible", ha afirmado el nacionalista con respecto a la Fecam.

Asimismo González afirmó que no sabe si el Consultivo se ha leído la ley de Medidas Urgentes, ya que esta modifica la creación de Directrices y permite el Decreto. Por ello se podría modificar la Directriz.

La modificación legislativa prevé la derogación del apartado 8 de la Directriz 36 de Ordenación General de Canarias y promueve que haya 3 puntos de generación activados en las islas al tiempo que establece un procedimiento "excepcional" para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica con lo que el Gobierno podría dar las autorizaciones.