El Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat presentarán conjuntamente una querella por un supuesto delito de prevaricación contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como "responsable-firmante" de la orden ministerial que paraliza el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio valenciano del Cabanyal por considerar que su ejecución supone expolio.

Así lo han anunciado en rueda de prensa la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino.

Ambos han dado a conocer el dictamen que se ha solicitado al catedrático de Derecho Admninistrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado sobre la orden del Ministerio de Cultura.

Dicho informe, "que Ayuntamiento y Generalitat añadirán a los procesos judiciales abiertos contra la paralización del Pepri" —ha recalcado Barberá—, establece que la orden ministerial contiene "vicio de nulidad radical o de pleno derecho, que es irrespetuoso y que incurre en incoherencia que la hace irrazonable y arbitraria", además de suponer una "desviación de poder".

De igual modo, concluye que la declaración de expolio es "ilegal, infundada y arbitraria".

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