El socavón del Carmel estrenó ayer su capítulo judicial con el inicio de las declaraciones de los cinco imputados. El primero en pasar por el juzgado de instrucción que investiga el hundimiento de la L-5 fue Javier Gete-Alonso, jefe de obras. El ingeniero insistió en qué los obreros excavaron el túnel de maniobra la noche antes del accidente sin que él autorizara ni supiera nada.

A lo largo de seis horas, Gete-Alonso se ratificó groso modo en su declaración en la comisón parlamentaria del Carmel, en abril de 2005. El ingeniero recordó que la mañana del hundimiento del túnel quedó «sorprendido» al ver una rasa en una de las paredes de la cavidad que él no había autorizado. Tampoco los responsables de la constructora le informaron de lo que habían hecho.

Por contra, no secundó lo que dijo en el Parlament al ser cuestionado sobre las causas del hundimiento. Ante los diputados atribuyó el accidente a esa rasa porque desfalcó el túnel, pero ante la juez apeló a esperar el resultado de los informes técnicos periciales que se están elaborando y que, con casi toda seguridad, no estarán listos hasta el verano.

Material deficiente

El ingeniero admitió que detectó ciertas deficiencias. En este sentido, ante la juez recordó que sospechaba de la poca calidad del material utilizado y admitió que las obras no contaban con vigilancia permanente para detectar algún problema.

Juzgado con la agenda repleta

Elisabet Castelló, la titular del juzgado de instrucción número 33, tiene una agenda muy apretada en las próximas semanas. Hoy acabará de tomar declaración al ingeniero Javier Gete-Alonso y empezará a interrogar a Benjamín Celada, el gerente de la firma Geocontrol. Ya en marzo, la juez verá al técnico de la empresa pública GISA, Antonio Pérez Otero, y a Sergio García y Rafael Piquer, técnicos de la UTE constructora.