El ex jefe de inspección de la Hacienda de Bizkaia, Juan Ramón Ibarra, que será juzgado a partir de este lunes por presunta prevaricación y cohecho al supuestamente favorecer a contribuyentes en sus declaraciones tributarias, recibió presuntamente, como mínimo, 337.000 euros de contribuyentes para que les excluyeran de la correcta aplicación de la normativa tributaria y de la normal actuación de los diferentes servicios tributarios, fundamentalmente los de Gestión e Inspección.

La sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia iniciará el juicio contra Ibarra, que se prolongará hasta el 10 de marzo, ante las supuestas irregularidades que se empezaron a investigar en 2003.

La Fiscalía solicita para Ibarra un total de 11 años de cárcel y una multa de más de 800.000 euros por los delitos falsificación continuada de documento público, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, cohecho y desobediencia.

También se sentarán en el banquillo de los acusados los ex funcionarios Joaquín Tebar Morcillo, José Luis Silvestre López y María Valvanera Canal, a los que se les atribuye delitos continuados de falsificación, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos. Para ellos, el Ministerio público, pide ocho años de prisión.

La Fiscalía Anticorrupción presentó, a finales de 2003, una querella contra al ex jefe de inspección de la Hacienda vizcaína, después de que los responsables del Departamento detectaran "irregularidades" por un supuesto trato de favor hacia varios contribuyentes para que no fuesen inspeccionados entre 1998 y 2003.

En el escrito de la Fiscalía, se señala que Ibarra presuntamente "incumplió" las obligaciones derivadas de su profesión y realizó supuestas actuaciones que "impidieron la correcta aplicación de las normas tributarias, favoreciendo a determinados contribuyentes que, en diferentes formas, fueron excluidos de los procesos de selección y verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

La Fiscalía indica que esas actuaciones se realizaron por el acusado, con "la ayuda y apoyo" de los restantes acusados, ya que, de no haber actuado de acuerdo a Ibarra, se "hubiera impedido o cuando menos revelado la ilegal actuación del acusado".

Aplicación informática

En el escrito, el Ministerio fiscal señala que esas actuaciones consistían en la inclusión en el sistema informático de Hacienda de datos "no reales reflejando la actuación inspectora sobre un determinado contribuyente". Otra de las actuaciones que cita es que se excluía o impedían actividades de comprobación e inspección o pendientes de inicio.

El Ministerio fiscal cree que, en ambos casos, la finalidad era dar "un trato de favor" que impidiera que el "cumplimiento" de las obligaciones tributarias por esos contribuyentes pudiera, con carácter general, "ser investigada por los órganos con competencia y según los criterios y procesos legalmente establecidos para ello.

La Fiscalía afirma que el acusado "aprovechó" una aplicación informática para generar en el sistema una serie de asignaciones a su propio nombre, que "no respondían a la realidad de ninguna actividad inspectora". El escrito señala que la única justificación era "excluir a los contribuyentes de la posibilidad de verificación de cumplimiento de las obligaciones tributarias por los diferentes servicios de la Hacienda foral con competencia en la materia, fundamentalmente Gestión e Inspección".

Asimismo, se precisa en el escrito que dicha asignación al supuesto actuario se realizaba por la sección de Documentación Fiscal, cuya responsable era, en el momento de los hechos, la acusada Valvanera Canal, quien "realizó las grabaciones de datos en dicho registro informático". Además, la fiscalía indica que otro de los acusados José Luis Silvestre, Jefe del Servicio de Planificación y Servicios, recibió comunicación de Valvanera Canal sobre lo indicado por el subdirector, "admitiendo y avalando tal proceder".

La fiscalía alude a la relación de contribuyentes sobre los cuales "se actuó de este modo" y señala que el acusado Juan Ramón Ibarra realizaba "actuaciones de impedimento u obstaculización" de la acciones para verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias que se habían iniciado o se iban a iniciar.

En el escrito, también se detalla que, en un momento determinado, el director general de la Hacienda foral, Francisco Javier Muguruza, recibió una comunicación de funcionarios, que derivó en que ordenara a Ibarra al borrado de la lista, pero "no acató la orden" e incluso cargó en la aplicación más contribuyentes.

El ministerio fiscal añade que de las personas físicas o jurídicas que fueron incluidas en esa aplicación informática o "favorecidas" no ha sido posible determinar quienes pidieron ese "trato de favor" o si, en algunos casos, fue decisión personal del acusado. Por ello, afirma que no es posible imputarlos, aún cuando algunos abonó cantidades de dinero para ser excluidos de la "normal" actuación de los servicios de gestión e inspección.

En este sentido, el escrito del fiscal señala que las cantidades recibidas por Juan Ramón Ibarra por estos hechos ascienden, "como mínimo", a la cantidad de 337.000 euros, cantidad que Ibarra dijo que procedían de una herencia de su padre.

El escrito indica que la actuación de los acusados no ha podido ser valuada, en muchos de los casos, como "perjuicio económico" por deuda tributaria no declarado, ya que hubiera exigido la correcta inspección tributaria de cada uno de ellos, y, en algunos casos, estaban prescritos.

En todo caso, la fiscalía señala que interesa para su consideración como prueba documental que la Hacienda foral vizcaína aporte un informe resumen de las cantidades que se hubieran fijado como deuda tributaria, especificando si se han recaudado o no.

La vista oral se iniciará este lunes con la declaración del principal encausado, Juan Ramón Ibarra, y al día siguiente, declararán los otros tres procesados. El día 19 comenzarán a pasar por la Audiencia vizcaína los numerosos testigos que han sido citados para el juicio.