Piden cárcel para una concejal de Freila y su esposo por vender unos terrenos de manera irregular

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la concejal socialista en el Ayuntamiento de Freila (Granada) Encarnación Belmonte y su esposo acusados de vender unos terrenos para que se urbanizara sobre ellos a pesar de que conocían de que se trataba de suelo protegido.

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la concejal socialista en el Ayuntamiento de Freila (Granada) Encarnación Belmonte y su esposo acusados de vender unos terrenos para que se urbanizara sobre ellos a pesar de que conocían de que se trataba de suelo protegido.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, el matrimonio firmó un contrato de compraventa el 19 de septiembre de 2004 para vender a una particular por un total de 110.000 euros tres terrenos de unos 3.500 metros cuadrados en el paraje Llanos de Guadix en la localidad de Freila, todos propiedad de la acusada, quien por aquellas fechas ocupaba el cargo de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Freila.

Los procesados, con el fin de lograr la venta de los terrenos por un importe superior a su valor real y con ello obtener un mayor beneficio económico "en perjuicio" de la compradora, le manifestaron que se trataba de suelos en los que se podía construir como si fueran urbanizables.

De hecho utilizaron en el contrato expresiones como "se puede hacer obra y el Ayuntamiento no exige permiso de obras, lo que pase tiempo después no asumo ninguna responsabilidad". Todo, a pesar de que tanto F.M.R. como su mujer, máxime siendo esta última concejal y teniente de alcalde, conocían que las fincas tenían naturaleza rústica y no urbanizable, hecho éste que conoció la compradora cuando intentó iniciar obras que no pudo llevar a cabo.

Los terrenos fueron vendidos por los inculpados por 110.000 euros, si bien hicieron constar en la escritura pública que la venta fue de 12.000, que se corresponde con el valor de una finca rústica. Por ello, el beneficio que obtuvieron es la diferencia entre ambas cantidades.

El fiscal atribuye a cada uno de los acusados un delito de estafa, por el que deberán hacer frente, además de la pena de cárcel, a una multa de 4.860 euros. De ser condenada, la concejal será inhabilitada para el derecho de sufragio pasivo, por lo que no podría concurrir como candidata a las elecciones municipales.

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