Los guardias civiles se encontraban encarcelados en la prisión de Sevilla II y sobre las cuatro de la madrugada llegaron a sus viviendas ubicadas en Málaga capital donde les esperaban sus familiares, según informó la abogada de los mismos, Lourdes García.

Esta letrada se mostró satisfecha de que el instructor haya resuelto tan rápido el asunto y explicó que aunque todavía no le ha llevado el auto entiende que se le ha estimado el recurso de reforma.

La orden de prisión fue dictada por el juez de Instrucción número seis de Málaga después de que lo solicitara la fiscalía malagueña al entender que existía riesgo de fuga y posibilidad de delinquir de nuevo.

En este sentido, la letrada de los guardias civiles presentó un recurso de reforma en el que explicaba que no iban a eludir la acción de la justicia por su arraigo personal así como que no podían volver a cometer el mismo delito que les imputaba al estar suspendidos de empleo y sueldo.

En un principio los guardias civiles fueron recluidos en el departamento especial para situaciones de aislamiento del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), aunque éstos pidieron ser traslados a la prisión de Sevilla II que cuenta con un módulo para militares.

La investigación, que comenzó hace unos meses por iniciativa de los servicios internos de la Guardia Civil, permitió determinar que el cobro ilegal de cantidades era una práctica "habitual" y "continuada" de un pequeño grupo de agentes de la sección Fiscal del aeropuerto.

La operación se saldó con la detención de diecinueve guardias civiles, todos varones, a cinco de ellos se les decretó orden de prisión y el resto fueron puestos en libertad con cargo.

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