La Audiencia Nacional ha avalado la instrucción del 'caso Pretoria' y la legalidad de las escuchas telefónicas a que fueron sometidos los principales imputados, dado que se basaban en detallados informes policiales y en la sospecha de delitos graves. En un auto, conocido este viernes, el tribunal ha desestimado así los recursos presentados por las defensas de los principales implicados en la trama de corrupción urbanística: el ex diputado socialista Luis García, los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bertomeu Muñoz.

Las defensas de los imputados pidieron la nulidad de la investigación de Pretoria al considerar que las escuchas telefónicas eran ilegales, dado que se disponían de métodos menos gravosos para investigar a los implicados en la trama de corrupción urbanística.

La intervención telefónica de los imputados fue avalada en junio pasado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en una resolución que ahora ha vuelto a confirmar la sección cuarta de la sala de lo penal de ese tribunal. En opinión de la sala, las escuchas cuestionadas cumplían los requisitos legales, dado que se acordaron en un procedimiento judicial, en el curso de una investigación por delitos graves y amparadas por una adecuada motivación que se basaba en unos "detallados informes policiales" que después permitieron prorrogar la intervención telefónica.

El tribunal recuerda que esa medida, acordada en su día por el cesado juez Baltasar Garzón, fue considerada por el juez instructor "idónea y proporcional a las investigaciones policiales anteriores y coetáneas", dada la gravedad de los hechos. El auto señala además que el hecho de que la Audiencia Nacional ordenara en mayo pasado levantar el secreto de sumario sobre la causa de 'Pretoria', atendiendo a los recursos presentados por las defensas, no puede "extrapolarse" para decretar la nulidad de la instrucción desde sus inicios.

En la causa están imputadas veinte personas y todas ellas se encuentran actualmente en libertad, en el caso de García y del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz bajo fianza de 500.000 euros, mientras que los dos ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña con CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta tuvieron que depositar 200.000 euros, si bien la cantidad que inicialmente les había impuesto Garzón era de un millón.