De Lorenzo y varios ediles declararán como testigos el 9 de febrero por supuestas irregularidades en Olloniego

El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y varios concejales, entre ellos la candidata a la Presidencia autonómica por el PP, Isabel Pérez- Espinosa, prestarán declaración en calidad de testigos el próximo 9 de febrero en una vista que se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo, por supuestas irregularidades urbanísticas en la parcela B-16 del polígono industrial de Olloniego.

El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, y varios concejales, entre ellos la candidata a la Presidencia autonómica por el PP, Isabel Pérez- Espinosa, prestarán declaración en calidad de testigos el próximo 9 de febrero en una vista que se celebrará en el Juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo, por supuestas irregularidades urbanísticas en la parcela B-16 del polígono industrial de Olloniego.

En rueda de prensa, el concejal socialista Alfredo Carreño, ha especificado que las declaraciones de los miembros del equipo de Gobierno podrán ser "por escrito" y se ha mostrado esperanzado en tener una sentencia judicial en "marzo o abril".

Asimismo, ha recordado que el juicio se celebrará después de que el pasado 11 de mayo el Grupo Municipal Socialista interpusiese un recurso ante dicho juzgado en el que solicitaba la nulidad de un acuerdo adoptado en abril por la Junta de Gobierno, en función del que, apoyándose en un informe de Garrigues, la empresa Urvisa no debía devolver al Ayuntamiento la parcela que éste le adjudicó en enero de 2003.

Para el PSOE se trata de una operación de "desviación de poder" del Gobierno local, al "prescindir de los procedimientos habituales y dictar algo en contra del ordenamiento". "Una decisión políticamente escandalosa en el contexto de una historia opaca, de una parcela de personas relacionadas entre sí, amigos todos de Gabino de Lorenzo".

Junto a los miembros de la Corporación, prestarán declaración representantes de Urvisa, Bitácora 2002, Promociones Caudal y Vaciero Asesores, así como la ex concejala Carmen Caballero, como testigo de la parte denunciante.

En enero de 2003 el Consistorio adjudicó la B-16 a la empresa Urbana de Vivienda, S.A. (Urvisa), por 432.998 euros. Seis meses más tarde la sociedad revendió los terrenos a Bitácora 2002, que construyó 17 naves, dando lugar a unas plusvalías que el PSOE cifró en seis millones de euros.

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