La Junta de Andalucía cederá desde este jueves la titularidad de 28.255 inmuebles de promoción pública a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), entidad que ya gestiona 69.159, de forma que con este traspaso se culmina el proceso de cesión del parque residencial de titularidad autonómica, que pasa a depender en su totalidad de la empresa pública con el fin de "optimizar su gestión y facilitar los proyectos de mejora y rehabilitación".

Esta cesión se contempla en un decreto de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, aprobado el pasado 21 de diciembre en Consejo de Gobierno de la Junta y publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se recoge también una serie de medidas para facilitar el acceso a este tipo de viviendas.

Para la formalización de la cesión de la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones, se crea una comisión mixta, presidida por el secretario general de Vivienda de la Junta, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, donde habrá dos personas en representación de la Secretaría General de Vivienda, dos personas en representación de EPSA, una persona en representación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Esta comisión mixta deberá aprobar la memoria de gestión, el informe económico, la cuenta de liquidación y el programa de actuaciones.

La formalización de la cesión de la titularidad de estos bienes, así como la entrega de los mismos se materializará mediante actas de entrega.

Para facilitar el acceso a estas viviendas, destinadas a dar solución de alojamiento a las familias con mayores dificultades económicas, el decreto incluye diversas rebajas del precio de venta. Así, los inquilinos que estén interesados en su propiedad podrán beneficiarse de disminuciones de entre el 20 y el 30 por ciento sobre el precio fijado para la VPO por la normativa estatal, en función del municipio donde se ubique la promoción.

Rebajas en el precio de venta

A la cantidad resultante del descuento podrá aplicarse una bonificación adicional de hasta el 45 por ciento, dependiendo del estado físico de las viviendas o de su localización, la regularidad mantenida por el arrendatario en el pago del alquiler y sus condiciones socioeconómicas. Por el primer y segundo concepto, la rebaja máxima será del 10 por ciento, mientras que por el tercero se aplicará hasta un 25 por ciento.

Por otro lado, la Junta podrá cambiar el régimen de una vivienda protegida de titularidad autonómica (de alquiler a venta o viceversa), con el fin de "adaptarla a las condiciones del mercado y garantizar así su ocupación".

Supresión de ayudas a agencias de fomento del alquiler

Asimismo, el decreto publicado este miércoles contempla el hecho de que la Junta ha decidido no mantener la línea de ayudas para las agencias de fomento del alquiler, puesto que en los dos primeros años de ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 "ya se ha alcanzado la totalidad de los objetivos de estos incentivos" y porque se considera que "la actual situación del mercado inmobiliario hace innecesaria la participación de estas empresas en su dinamización".

No obstante, se mantienen, por el contrario, el resto de las ayudas al alquiler previstas en el Plan Concertado.