Sterm Intersindical convocan a los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y al conjunto de la ciudandaía contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en la Plaza Fuensanta de Murcia.

Y es que, subraya el sindicato en comunicado de prensa, "se trata de una ley no negociada y adoptada de manera unilateral por el Gobierno murciano a propuesta del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea Regional que, además de ser de dudosa legalidad, es sumamente injusta al atentar contra los derechos laborales y colectivos del conjunto de los empleados públicos regionales negociados a lo largo de los últimos 30 años".

"Es una ley que, desde su preámbulo, supone un injustificado ataque a la dignidad profesional de los empleados públicos poniendo en cuestión el compromiso y la calidad de su trabajo; y que hace pagar al conjunto de empleados públicos de la región, una vez más, los costes de la crisis económica global", añaden las mismas fuentes.

Según Sterm, "es una ley que va a tener un alto costo en términos de empleo público, con la pérdida de miles de puestos de trabajo y que va a suponer un empeoramiento de la calidad del servicio público que se ofrece a la ciudadanía".

En definitiva, indican, "es una ley que no hace otra cosa que poner de manifiesto la incapacidad del presidente Valcárcel para abordar unas soluciones a la crisis que no pasen por hacer pagar a los trabajadores públicas y al conjunto de la ciudadanía, la reducción del déficit".

"No podemos aceptar la retórica del trabajar más y cobrar menos mientras el Gobierno regional sigue en la estela de derroche de dinero público en una política de mantenimiento de una estructura clientelar de servicios privados, una política de infraestructuras faraónica y una política cultural cuyo último objetivo es la promoción personal", insiste el sindicato.

Por este motivo, convoca al conjunto de trabajadores del sector público regional, a las asociaciones sociales y profesionales a una nueva manifestación en contra de esta ley, "por la defensa de unos servicios públicos de calidad para el conjunto de la ciudadanía, de los derechos sociales y laborales, y por la dignidad de los empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía.