El Ayuntamiento de Sevilla, accionista mayoritario del mercado central de abastos de la ciudad, ha comenzado a archivar los expedientes sancionadores incoados contra buena parte de los mayoristas de pescado a cuenta de los cierres patronales protagonizados por el colectivo los días 12 y 28 de noviembre de 2009, cuando los mayoristas de este género no abrieron sus puestos para presionar a la sociedad mixta, participada por el Consistorio y Mercasa, a renegociar los gravámenes "abusivos" que pesan sobre su actividad. La asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla ha formulado ya sus alegaciones contra los nuevos expedientes sancionadores notificados por el Ayuntamiento hispalense a cuenta de los cierres patronales protagonizados por el colectivo los días 12 y 28 de noviembre de 2009, cuando los mayoristas de este género no abrieron sus puestos para presionar a la sociedad mixta, participada por el Consistorio y Mercasa, a renegociar los cánones "abusivos" que gravan su actividad.

Estos expedientes sancionadores, en concreto, respondían a la petición del por entonces director general de Mercasevilla, Jordi Maymó, a cuenta de los cierres patronales promovidos por la asociación de mayoristas de pescado del mercado central de abastos de Sevilla los días 12 y 28 de noviembre de 2009. Al respecto, cabe recordar que tales expedientes contemplaban penas como la prohibición de acceso a las instalaciones con fines mercantiles de entre 30 y 90 días, la retirada de la licencia durante un periodo que oscila entre los tres y los seis meses e incluso la retirada definitiva de la licencia.

Los gravámenes

Las movilizaciones del colectivo de empresarios reclamaban la re negociación de los cobros estipulados por la sociedad mixta a cuenta de una serie de servicios impuestos al gremio de mayoristas de pescado. Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en concepto de facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre". Ambos gravámenes, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El abogado que representa los intereses del gremio de los mayoristas de pescado en este caso, Joaquín Moeckel, ha informado a Europa Press de que, no obstante, a día de hoy el Ayuntamiento ha resuelto el archivo "por caducidad" de aproximadamente la mitad de los expedientes sancionadores incoados como consecuencia de estos cierres patronales. En efecto, un documento oficial del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla firmado el 22 de noviembre por el jefe del Servicio de Consumo, y recogido por Europa Press, declara la "caducidad" de uno de los expedientes, el 073-10 "al haberse superado el plazo de seis meses desde la fecha de inicio del expediente sancionador".

Expediente archivado

En este documento, librado a instancias del primer teniente de alcalde y titular del área de Socio Economía, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), figura como motivo del procedimiento la no prestación del servicio público de venta "los días 12 y 28 de noviembre de 2009, de forma organizada con otros mayoristas", pero queda declarada la caducidad del expediente sancionador al ser superado el preceptivo periodo de seis meses "desde la fecha de inicio, el 7 de enero de 2010, hasta el momento de la resolución definitiva imponiendo la sanción el 21 de julio de 2010". A tal efecto, el jefe del servicio de Consumo resuelve el "archivo" de este expediente en cuestión, uno de los muchos resueltos de tal manera según Joaquín Moeckel.

Sin embargo, la declaración de caducidad de estos expedientes está motivando, asimismo, que cada uno de los mayoristas de pescado objeto de tales procedimientos reclame ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla "la condena en costas" al Ayuntamiento hispalense en las actuaciones judiciales emprendidas por el colectivo de empresarios contra tales expedientes sancionadores. "La administración demandada era perfectamente consciente de la caducidad de la sanción recurrida antes de que se interpusiese el presente procedimiento contra la misma", señala la representación judicial de los mayoristas de pescado en un escrito elevado al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 en cuanto al expediente sancionador 073-10.

A tal efecto, los mayoristas de pescado cuyos expedientes sancionadores han sido archivados advierten de la "manifiesta temeridad y la mala fe procesal" del Ayuntamiento, porque "la caducidad" de los procedimientos surge antes de que cada uno de los mayoristas sea "obligado a acudir a la jurisdicción competente" para evitar las consecuencias de los procedimientos.