Funcionarios de la Agencia Tributaria han ratificado que en la operación Crucero Banús, investigada en el caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en la localidad malagueña de Marbella, se utilizaron fondos que permanecían ocultos a la Administración Tributaria, los cuales afloraron gracias a ésta, y también que se usaron ganancias de patrimonio no justificadas.

Dos funcionarios han declarado como peritos este martes en este juicio contra la supuesta trama, en concreto dentro del bloque relacionado con dicha operación por la que están acusados, entre otros, el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca; el ex edil Pedro Román; el ex comisario Florencio San Agapito, y el letrado Juan Hoffman.

Los peritos han asegurado que la sociedad constituida en Suiza con la que se desarrolló esta operación inmobiliaria, denominada Lispag, era "una sociedad meramente instrumental al servicio de la ocultación" y han explicado el destino de los fondos de la cuenta habilitada a nombre de dicha entidad en España y los ingresos que se realizan a uno de los socios.

Los funcionarios han contestado a las preguntas del ministerio fiscal y han detallado también las cuentas de los diferentes socios para la creación de Lispag. En el caso de Roca, han señalado que la aportación de unos 91 millones coincide con tres cheques, pero han indicado que no les consta la existencia de un cuarto cheque, como afirmó en su declaración Roca.

Además, han precisado que "ninguno" de los participantes en la sociedad "presentó declaración" a la Agencia Tributaria, salvo "las complementarias presentadas" por San Agapito y han asegurado que existen argumentos suficientes para considerar que dicha sociedad pertenece a esos cuatro acusados y no a las personas que aparecen como fiduciarios.

Estos peritos tendrán que contestar este miércoles a las preguntas del resto de acusaciones, el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y la Agencia Tributaria, y a las cuestiones de los abogados de los acusados, además de que tendrá que declarar otro perito propuesto por una de las defensas. URBANISMO

En esta sesión del juicio ha terminado el interrogatorio de la que fuera asesora jurídica adscrita al departamento de Urbanismo de Marbella, Raquel Escobar, que había comenzado este lunes. Esta testigo ha asegurado que Roca "tenía autoridad suficiente para impartir órdenes en muchas áreas del Ayuntamiento", no sólo en la de Urbanismo.

Así, ha sido preguntada sobre las instrucciones que daba Roca a los distintos departamentos como por ejemplo Economía o Personal, apuntando que mantenía "una comunicación fluida" con el interventor, el secretario, el concejal responsable de las áreas o el tesorero, y "si Roca pedía que acudieran al despacho para debatir un tema, ellos acudían".

Escobar, que ha declarado como testigo también dentro del bloque en relación con la operación Crucero Banús, ha recordado que ella prestaba servicios en el Área de Urbanismo y ha insistido en que "lo que dijera Roca estaba autorizado plenamente por el alcalde", en referencia a Jesús Gil, coincidiendo con la declaración de este lunes de otra letrada colaboradora de Roca, María Castañón.

Escobar ha recordado que cuando fue contratada no se elaboraban informes jurídicos en materia de licencia, tal y como lo había exigido Gil, y que estos permisos se otorgaban según informes técnicos y uno jurídico de carácter general que había emitido el entonces abogado del Ayuntamiento José Luis Sierra, aunque a partir de 2003 sí se hacían estos documentos.

Asimismo, ha asegurado que cuando le daban instrucciones "algunas de ellas" eran de Gil, aunque "en bastantes ocasiones" se las daba Roca, con orden, según ha precisado, de Alcaldía. En este sentido, ha añadido que recibía algunas de esas instrucciones de urgencia "por el interés" para otorgar esa licencia de obra, aunque ha apuntado que no le daban las razones.

Por otro lado, Escobar ha asegurado que la ex edil Isabel García Marcos, expulsada del PSOE tras entrar a formar parte del gobierno marbellí con Marisol Yagüe, también acusada, "se tomaba más interés que la mayoría de los miembros de la junta de gobierno local en tener conocimiento exhaustivo de los expedientes de licencias e informes técnicos" y ha dicho que "solía querer estar bien informada".

En relación con la operación Crucero Banús ha apuntado que tenía "desconocimiento" del convenio y de cómo se tramitó, ya que, a su juicio, a los efectos de sus funciones "todo ese trámite era irrelevante", por ello "ni verificaba ni corroboraba".

Según el escrito provisional de la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman para comprar una parcela en Marbella sobre la que se conseguiría, con un convenio, "un aumento de edificabilidad para revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado".

Con este objeto, los aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento con la recalificación "se reducirían deliberadamente en perjuicio del Consistorio, aumentando aún más el beneficio a obtener por los imputados", dice la acusación pública en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que cifra estos beneficios globales en más de seis millones de euros.