La Junta de Castilla y León ha recibido más de 4.000 consultas y 725 solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía desde su entrada en vigor el día 21 de diciembre de 2010.

Así lo explicó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien destacó la normalidad en la recepción de estas solicitudes y consultas, para cuya atención se ha dispuesto personal específico.

Antón, tras el Consejo Rector de Juventud, indicó que desde la puesta en marcha de este derecho se produce, además de las solicitudes, una demanda de información ante algo nuevo, con unos requisitos establecidos, por lo que la gente acude a informarse.

La Renta Garantizada de Ciudadanía fue aprobada en el Consejo de Gobierno de la Junta del 16 de diciembre, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León del 20 de diciembre y entró en vigor al día siguiente.

La cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, para cuya concesión la Junta tiene un plazo de tres meses desde su solicitud, es del 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico (426 euros).

A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y 10 por ciento por el tercero y siguientes, hasta un máximo del 130 por ciento del IPREM.