La Fiscalía de Tarragona ha requerido toda la documentación sobre los vertidos de fuel detectados el pasado domingo frente a La Pineda y Cap Salou y se mantiene a la espera de los análisis que determinarán el origen de las fugas para decidir si abre una investigación, en el caso de que existiesen indicios por delito contra el medio ambiente, según ha confirmado Europa Press.

Los citados análisis, cuyas conclusiones estarán a disposición del fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, en un plazo aproximado de diez días, indicarán si existe relación entre las sustancias de la primera mancha de crudo —la más pequeña, con un volumen de 100 litros y de la que dio aviso Repsol—, y la segunda —de entre 5.000 y 15.000 litros—.

El ministerio público mantiene abiertas diligencias de investigación por el vertido, estimado en 180.000 litros de crudo, del pasado mes de diciembre producido en la plataforma Casablanca, a 54 kilómetros mar adentro de las costas del Delta de l'Ebre.

Este martes se cumplen exactamente tres meses del vertido de Asfaltos Españoles (Asesa), compañía participada al 50% entre Repsol y Cepsa, en el interior del Port de Tarragona.

En aquella ocasión también se detectaron varias manchas que se extendían en una superficie de 146 hectáreas en el exterior de los diques portuarios, y de las que Asesa no se hizo responsable.

En relación a este episodio de octubre, el presidente de la Cofradía de Pescadores de Tarragona, Esteve Ortiz, que se ha quejado reiteradamente de la falta de transparencia cada vez que se produce un vertido, ha informado de no descarta exigir una indemnización económica y que ha presentado un requerimiento ante la Justicia ordinaria para recibir toda la documentación, "ya que Capitanía Marítima nos responde que es confidencial".

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que ha exigido a Repsol una mejora de los protocolos de seguridad e inversiones para modernizas sus instalaciones e implantar tecnologías punteras de detección de fugas, ha pedido también que se actúe "con toda contundencia" después de "una investigación a fondo al máximo nivel por parte de la Administración central".

Ballesteros considera devastador el efecto de que a "Tarragona, la Costa Daurada y el sur de Catalunya, se asocien a vertidos de crudo".

A su juicio, no se puede permitir que industria petroquímica genere "mala imagen para la ciudad y alarma en un sector turístico que empieza a levantar el vuelo".

En el seno del sector turístico se han generalizado las críticas por la tibieza de las sanciones.

Por su parte, Greenpeace cuantifica en 18 los vertidos producidos en la última década, pero en la actualidad se mantienen sólo dos causas penales abiertas, ambas contra Repsol, una por las fugas detectadas en el verano de 2009 durante las tareas de prospección de dos nuevos pozos frente al Delta de l'Ebre, y otra por el vertido de fenoles en el río Francolí a principios de 2008.

El diputado de ERC por Tarragona Sergi de los Ríos ha registrado un escrito de preguntas en el Parlament en el que pide conocer el número de vertidos desde el 5 de enero de 2007, cuántos procedían del Port de Tarragona, y qué sanciones e indemnizaciones ha impuesto la Administración central.

Por su parte, el diputado del PP Rafael Luna también ha exigido a "el Gobierno de los mejores" de Artur Mas que explique qué medidas va a tomar ante la cascada de incidentes por contaminación marina en Tarragona.