Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, con el apoyo de la Xunta de Galicia, han pedido este lunes al Tribunal General de la Unión Europea (TUE) durante una vista oral que mantenga suspendido cautelarmente el Real Decreto español de ayuda al sector del carbón hasta que dicte sentencia definitiva sobre si es o no compatible con la legislación comunitaria, lo que podría tardar dos años.

El Tribunal, que en octubre paralizó temporalmente el Real Decreto, adoptará su decisión final "lo antes posible", informaron fuentes judiciales. En todo caso, el fallo sobre las medidas provisionales "no prejuzga en modo alguno la decisión final del Tribunal General sobre el fondo del litigio en curso".

Precisamente, la Audiencia Nacional ha decidido este lunes levantar la suspensión cautelar sobre el Real Decreto.

La Comisión Europea aprobó el pasado 29 de septiembre, tras varios aplazamientos, el plan español de ayuda al sector del carbón tras concluir que respeta las normas comunitarias sobre subvenciones públicas, pero exigió como condición al Gobierno que no conceda más subvenciones después de 2014.

Las eléctricas han recurrido esta decisión ante el TUE por considerar que las ayudas no son compatibles con el mercado común porque penalizan al carbón importado, no están justificadas por problemas de seguridad de suministro en España que justifiquen su concesión, fomentan el funcionamiento de instalaciones que emiten gases de efecto invernadero, y aumentan "innecesaria y desproporcionadamente" el gasto público.

El Ejecutivo comunitario considera que su decisión está "bien fundado desde el punto de vista jurídico" y cree que el Tribunal levantará la suspensión en cuestión de semanas.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa Mediante dichos recursos, las tres empresas y la Comunidad Autónoma de Galicia solicitan al Tribunal General que anule la Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2010. En virtud de dicha Decisión, la Comisión autorizó un Real Decreto español destinado a compensar a las empresas eléctricas por el coste adicional que soportan debido a la obligación de servicio público de producir determinados volúmenes de electricidad a partir de carbón producido en España (véase CP de la Comisión).

En el marco de dichos recursos, las tres empresas y la Comunidad Autónoma de Galicia han solicitado la adopción de medidas provisionales. En concreto, han solicitado la suspensión de la Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2010 hasta que se adopte la sentencia que ponga fin al litigio en causa.

En este contexto, la vista que tendrá lugar el 10 de enero se centrará únicamente en la cuestión de las medidas provisionales. A este nivel, es asimismo importante recordar que una decisión sobre las medidas provisionales no prejuzga en modo alguno la decisión final del Tribunal General sobre el fondo del litigio en curso.

Al tratarse del procedimiento sobre medidas provisionales, se informa de que no habrá informe para la vista. Además, se recuerda que el Servicio de Información y Prensa del Tribunal de Justicia no está habilitado a informar sobre las argumentaciones defendidas por las partes durante las vistas. No obstante, en regla general, las vistas son públicas. De este modo, se solicita a los medios que deseen acudir a la vista que rellenen y reenvíen el formulario de acreditación adjunto.

Mediante dichos recursos, las tres empresas y la Comunidad Autónoma de Galicia solicitan al Tribunal General que anule la Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2010. En virtud de dicha Decisión, la Comisión autorizó un Real Decreto español destinado a compensar a las empresas eléctricas por el coste adicional que soportan debido a la obligación de servicio público de producir determinados volúmenes de electricidad a partir de carbón producido en España (véase CP de la Comisión).

En el marco de dichos recursos, las tres empresas y la Comunidad Autónoma de Galicia han solicitado la adopción de medidas provisionales. En concreto, han solicitado la suspensión de la Decisión de la Comisión de 29 de septiembre de 2010 hasta que se adopte la sentencia que ponga fin al litigio en causa.

En este contexto, la vista que tendrá lugar el 10 de enero se centrará únicamente en la cuestión de las medidas provisionales. A este nivel, es asimismo importante recordar que una decisión sobre las medidas provisionales no prejuzga en modo alguno la decisión final del Tribunal General sobre el fondo del litigio en curso.

Al tratarse del procedimiento sobre medidas provisionales, se informa de que no habrá informe para la vista. Además, se recuerda que el Servicio de Información y Prensa del Tribunal de Justicia no está habilitado a informar sobre las argumentaciones defendidas por las partes durante las vistas. No obstante, en regla general, las vistas son públicas. De este modo, se solicita a los medios que deseen acudir a la vista que rellenen y reenvíen el formulario de acreditación adjunto.