Con una población que cada vez está más envejecida, los recursos públicos para los ancianos se quedan cortos. Entre centros de día y residencias, públicas y concertadas, el Gobierno de Aragón oferta 16.038 plazas asistenciales para mayores, y sólo 1.938 para discapacitados severos.

La situación en algunos centros es crítica. Es el caso de la residencia Romareda, en Zaragoza, donde los auxiliares denuncian la falta de personal para poder asistir a los 40 ancianos del centro. Se quejan de que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha aumentado el volumen de trabajo en la residencia sin ampliar el personal y temen que la situación se agrave con la Ley de la Dependencia, que entrará en vigor en 2007. El objetivo es garantizar la asistencia a todos los dependientes severos y, con esta premisa, está previsto que arranquen antes del verano las obras de tres nuevas residencias para mayores en Zaragoza con las que se ganarán mil nuevas plazas.

En Aragón, 52.304 ancianos se ven obligados a vivir solos en su casa por la falta de medios. Son en su mayoría mujeres, 38.617 frente a los 13.687 hogares habitados por hombres.

«Las enfermedades no esperan»

El 80% de los discapacitados tienen más de 65 años. Por eso, el Consejo Aragonés de la Tercera Edad pide a la DGA que refuerce la asistencia sanitaria, sin esperar a la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia, «porque las enfermedades no esperan a nadie», explicó su presidente, Alejandro Villaverde. Según él, habría que primar también la atención a las personas de menor poder adquisitivo, estudiando los ingresos de los solicitantes de ayuda «para evitar engaños y asegurarse de que van a parar a quien más las necesita».