Castilla y León registró en los nueve primeros meses de 2010 un total de 3.673 rupturas familiares, lo que supone un crecimiento del 1,8 por ciento (68 rupturas más) respecto al mismo período 2009, según afirma el Instituto de Política Familiar (IPF) a partir de los datos recogidos por el Consejo General de Poder Judicial.

En datos nacionales, la ruptura familiar ha continuado en el 2010 su escalada de crecimiento, ya que en el mismo periodo de tiempo se han producido 92.767 rupturas —de las que 86.834 fueron divorcios, 5.813 separaciones y 120 nulidades—, lo que ha supuesto un incremento del 3,2 por ciento (2.867 rupturas más) con respecto al mismo periodo del año pasado.

Por comunidades autónomas, Andalucía con 17.359 rupturas en los nueve primeros meses del 2010, es la comunidad autónoma con mayor número de, seguida de Cataluña (16.817 rupturas) y Madrid (12.896 rupturas). A continuación figuran la Comunidad Valenciana (11.212), Galicia (5.221), Canarias (4.935), y Castilla y León en séptimo lugar con 3.673.

Por su parte, La Rioja con 474 rupturas en los nueve primeros meses del 2010, es la comunidad autónoma con menor número de rupturas, seguida de Navarra (981 rupturas) y Cantabria (1.151 rupturas).

Por su parte, la Comunidad Valenciana junto con Andalucía y Cataluña son las comunidades con mayor crecimiento cuantitativo con respecto al mismo periodo del año pasado. CONSECUENCIAS

Según el portavoz y vicepresidente del IPF, Mariano Martínez-Aedo, estos datos confirman que la problemática de la ruptura familiar en España se ha agravado de tal forma, que ni la crisis económica ni el descenso del número de matrimonios, han logrado contener el número de rupturas familiares, a pesar de que habían sido dos de los principales factores en el descenso de las rupturas familiares en los últimos años.

Igualmente, ha dicho que demuestran la gravedad del problema, y que siendo el principal problema de las familias españolas, sin embargo "las administraciones no están haciendo prácticamente nada para ayudar a resolverla".

Por ello, el IPF ha señalado que las administraciones no pueden seguir "permaneciendo indiferentes" ante una problemática como es la inestabilidad familiar y su crecimiento continuo. "No se está preservando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal", ha señalado Martínez-Aedo.