El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha destacado la "solidaridad profunda de lo público", es decir, aquella en virtud de la cual los servicios básicos como la sanidad, educación o el bienestar social están asegurados, como garantía del cumplimiento de prestaciones básicas. Así, ha dicho que se trata de una solidaridad intergeneracional que, independientemente de la renta o de las circunstancias que concurran, hace que los ciudadanos estén "perfectamente" atendidos.

De este modo, ha afirmado que "una manera de combatir colectivamente desde el Gobierno los efectos de la crisis es construyendo el mejor sistema educativo y sanitario público y también garantizar las mejores prestaciones sociales", ha informado la Junta en nota de prensa.

Igualmente, ha resaltado el valor de estos servicios en una sociedad de crisis actual, que, según ha dicho el presidente del Ejecutivo castellano-manchego, sería "más grave" si a las actuales circunstancias económicas se uniera la falta de garantía de la mejor educación o la asistencia sanitaria.

A este respecto, ha subrayado que el de Castilla-La Mancha es uno de los mejores sistemas públicos sanitarios y educativos de España, por lo que ha dicho que "hay que estar satisfechos". De la misma manera se ha referido a la aplicación de la Ley de Dependencia destacando que esta Comunidad Autónoma es "la mejor" en su ejecución, según han puesto de manifiesto distintos observadores externos.

Valorar las prestaciones

En este sentido, ha indicado que si Castilla-La Mancha no tuviera esta red social o no contara con los servicios públicos de los que puede presumir, la situación sería "mucho más dramática". Por lo que ha invitado a valorar las prestaciones básicas que esta región ofrece porque es consecuencia del trabajo de todos y de unas determinadas políticas e inversiones.

"Si fueran otras las prioridades o los gastos, los sistemas públicos se deteriorarían", apunta Barreda, que está convencido de que lo que hoy es un excelente sistema sanitario público al servicio de todos los ciudadanos sin discriminaciones, o la garantía de la mejor educación, cambiaría y "no lo podemos permitir porque eso es fundamental para conseguir una sociedad mejor".

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado cada día de 2010 un total de 10,3 millones a políticas y actuaciones sociosanitarias, con una inversión por habitante de 1.800 euros al año.