Sindicatos de funcionarios registran este lunes una petición de manifestación para el 22, donde prevén 50.000 asistentes

Sindicatos y plataformas de funcionarios y empleados públicos registrarán este lunes una petición de manifestación para el 22 de enero en Sevilla, donde prevén la asistencia de unas 50.000 personas, en contra del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta y que discurrirá desde el palacio de San Telmo hasta el Parlamento de Andalucía, en la capital hispalense.

Sindicatos y plataformas de funcionarios y empleados públicos registrarán este lunes una petición de manifestación para el 22 de enero en Sevilla, donde prevén la asistencia de unas 50.000 personas, en contra del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta y que discurrirá desde el palacio de San Telmo hasta el Parlamento de Andalucía, en la capital hispalense.

Según han indicado a Europa Press fuentes sindicales, esta registro de la movilización del sábado 22 —que se producirá en el registro de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, en la plaza de España— coincide en la misma semana en que se producirán las comparecencias parlamentarias de agentes sociales y económicos en el Parlamento andaluz para expresar su posición sobre este decreto.

Los sindicatos convocantes de la manifestación del 22 de enero se han unido en un frente común y son CSIF-A, Plataforma de Empleados Públicos (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía, Asociación El Tercer Lado, CGT-A, SAT, USO y Ustea.

Los convocantes estiman que pueden reunir ese día a unos 50.000 manifestantes y han recordado que en esta convocatoria, que lleva el lema 'Por unos servicios públicos de calidad, contra la privatización', exigen la derogación "inmediata" del decreto ley 5/2010, del 6/2010 "y de cuantas medidas complementarias a su amparo se hayan ido aprobando desde julio de 2010", así como la retirada del proyecto de Ley que se tramita en el Parlamento andaluz.

Ya en anteriores ocasiones, estos sindicatos advirtieron de que intensificarían las movilizaciones de cara al debate parlamentario del decreto ley, con vistas a "hacer conscientes a los grupos parlamentarios, más que nunca, de que tomen nota de la grave disconformidad de los empleados públicos contra esta normativa".

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