El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial juzgará este martes, a partir de las 10.00 horas, y hasta el viernes al apoderado de un concesionario de vehículos por apropiarse presuntamente de forma ilícita, entre 2004 y principios de 2005, de más de 125.000 euros y vehículos en perjuicio de terceros e incrementando así su patrimonio. Unos hechos por los que la Fiscalía solicita seis años de prisión contra el inculpado.

Asimismo, el Ministerio Público reclama dos años y medio de cárcel para un segundo acusado por colaborar en el desarrollo de estas operaciones. La Fiscalía atribuye al primero de ellos, David C.M., los delitos de apropiación indebida y estafa, y al segundo, Alejandro R.Q., lo considera cooperador necesario en la comisión de otro presunto delito de estafa. Además, reclama que ambos así como Autos Córdoba -del que David C.M. era apoderado- indemnice con más de 125.950 euros a un total de 28 perjudicados por estos presuntos hechos.

En su escrito de calificación provisional, la acusación postula que después de que a David C.M. se le atribuyera la facultad de realizar cobros, pagos, actos administrativos y de poder disponer de toda clase de bienes muebles e inmuebles de la empresa, ubicada en Es Coll d'en Rabassa, en Palma, llevó a cabo las operaciones ilegales mediante el depósito y la gestión de venta de vehículos; la creación de una apariencia de solvencia, y el recibo del dinero por la venta o reserva del coche sin entregarlo.

En este contexto, el acusado, con la intención de enriquecerse injustamente, efectuó presuntamente acciones dirigidas a incorporar a su patrimonio los vehículos que recibía en calidad de depósito -venta o reparación-, comisión o gestión de venta sin devolver el producto a sus titulares, que ignoraban a su vez que no podrían inscribir a su nombre el vehículo en tráfico.

En otra ocasión, los dos acusados entregaban a los clientes, para pagarles cantidades debidas, pagarés vinculados a una cuenta corriente que carecía de fondos, mientras que en otros casos David C.M. recibía dinero de los clientes por la venta o la reserva de un vehículo, cantidades que el acusado incorporaba a su patrimonio sin hacer entrega de los automóviles ni restituir las cantidades entregadas, tal y como señala la Fiscalía.

Asimismo, el inculpado, para lograr la venta de los vehículos a terceras personas, supuestamente les ocultaba que carecía de la autorización necesaria por parte del titular del coche o que éste había sido dado de baja y, por tanto, no podía circular.