La diputada socialista Rosa Bella Cabrera ha solicitado al Gobierno, a través de la Mesa del Congreso, la declaración de víctimas de terrorismo para los marineros canarios que en la década de los 70 y 80 del siglo pasado fallecieron en aguas del Sahara, al ser "víctimas de ataques en alta mar cuando llevaban a cabo sus labores profesionales".

Cabrera recordó, en un comunicado, que 17 canarios perdieron la vida cuando faenaban en aguas saharauis y fueron asaltados, así como atacados entre 1976 y 1985, convirtiéndose muchos pescadores de las islas "en protagonistas involuntarios de lo que fue su destino truncado al verse ametrallados de manera indefensa".

La diputada socialista ha considerado "necesario agilizar una medida que venga a saldar" lo que calificó como una "deuda histórica con los familiares de las víctimas y con el conjunto de la sociedad canaria".

Agregó que se trata de un reconocimiento que han promovido tanto familias de los fallecidos como personalidades, formaciones políticas y colectivos como la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite).

De todos modos, Cabrera consideró "un reclamo de justicia histórica el reconocimiento a las víctimas canarias en el desempeño de su medio de vida con la previsible aplicación de la vigente Ley de Víctimas, así como la ayuda a sus familiares, puesto que hasta hoy han permanecido ajenas a esa consideración".

"La vida en la mar siempre ha sido dura y sacrificada, y enfrentarse a dificultades añadidas como el terrorismo ofreció a muchos canarios un escenario poco deseable para ganarse su sustento, aunque muchos de ellos no tuvieron más remedio que enrolarse de manera continua para salir adelante. Los derechos de los pescadores canarios se han visto durante muchos años olvidados, aún cuando el Derecho Internacional los amparaba, por lo que estoy convencida de que el actual Gobierno central hará justicia por fin", apostilló.

Actualmente, las familias de los fallecidos "siguen esperando por una indemnización por las consecuencias de su sufrimiento, lastradas por episodios no resueltos" y que deberá "corregir la Ley Integral promulgada al respecto, y que se aplicará con efectos retroactivos hasta 1960, año en que se atribuyó el primer atentado a ETA".