El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, se ha quejado de los "numeritos" del alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Alejandro Sánchez (PP), que han tenido que "soportar" en su opinión los 'llanitos' durante 2010.

En un discurso dirigido a los gibraltareños con motivo del nuevo año y que ha difundido este viernes su oficina, Caruana culpa al sistema de alcantarillado del municipio gaditano de la contaminación de la playa gibraltareña de Western Beach, no apta para el baño.

"Nuestros técnicos han demostrado ahora (...) que la fuente (de contaminación) es en efecto el sistema de desagüe del agua de lluvias en La Línea", afirma Caruana, cuyo Gobierno ha presentado "formalmente" este asunto ante las autoridades españolas y acudirá a las europeas "si es necesario".

La solución a este problema, considera, está "físicamente fuera del control" del Gobierno gibraltareño, que tiene por tanto que "confiar en el proceso diplomático y en los procedimientos legales europeos", añade.

Caruana menciona también en su discurso, en el que hace balance del año 2010, la escalada de problemas con España por la disputa en torno a la soberanía de las aguas que rodean el Peñón y que ha derivado en continuos enfrentamientos entre la Guardia Civil y la Policía gibraltareña.

La cooperación con España, advierte Caruana, "no puede ser una tapadera para la erosión o el perjuicio" de la soberanía gibraltareña y británica sobre esas aguas, que España no reconoce.

Tras recordar que aún no se ha encontrado una "fórmula" de cooperación con España en asuntos que tengan que ver con las aguas, subraya que aunque el Foro de Diálogo que conforma con Londres y Madrid para avanzar en la colaboración local es "importante", la soberanía "es mucho más importante" y no menciona cuándo podría tener lugar un nuevo encuentro ministerial entre las tres partes.

También se hace eco de la opinión de un ex director de los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, quien en un artículo señaló que la posición española de defensa del Tratado de Utrecht es política y no tiene base legal.

De otro lado, se reafirma en las palabras que pronunció en Sevilla hace unos meses en los que defendió para Gibraltar el modelo de Andorra. No obstante, en esta ocasión ha subrayado que cualquier propuesta para cambiar el estatus actual del Peñón debería someterse al referéndum del pueblo gibraltareño.