En un comunicado, la empresa sostuvo que las ventas al exterior de petróleo en el período investigado por la Aduana "no han ocasionado daño económico alguno al Estado boliviano ya que están exentas de impuestos".

El documento indica, además, que "no hay delito ya que no existió dolo, ni alteración de documentos y que se han pagado todos los impuestos, regalías y/o tributos correspondientes al momento de la producción y contabilidad de las utilidades".

Exportaciones autorizadas

La petrolera también sostiene que sus exportaciones fueron autorizadas por resoluciones ministeriales, y que existieron, "por parte de Andina, comunicaciones a todas las autoridades aduaneras y a la Superintendencia de Hidrocarburos".

El comunicado señala también que los volúmenes de petróleo enviados fuera de Bolivia también fueron notificados "a las autoridades aduaneras y demás organismos competentes".

"Es importante destacar que, previamente a las exportaciones, la compañía cumplió con la obligación de abastecer las necesidades del mercado interno", añade.

Cooperación con el Gobierno

Andina expresa en el documento su voluntad "de seguir desarrollando su actividad en Bolivia" y cooperar con el Gobierno "para encontrar las fórmulas más beneficiosas para el bienestar económico y social de todos los ciudadanos del país".

La compañía hispano-argentina participa en un 50% Andina y la otra mitad pertenece al Estado boliviano, que delegó su representación a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) existentes en el país.

La compañía ha empezado a planear con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos una inversión de 150 millones en dos proyectos energéticos y está, como las demás petroleras, a la espera de las reformas que aplicará al sector el Gobierno del presidente Evo Morales.

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