El sindicato CSIF-A ha criticado las declaraciones de la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, y ha rechazado sus afirmaciones "interesadas y partidistas por no ajustarse en absoluto a la realidad", ya que, según han asegurado, "no hay por parte de CSIF ningún compromiso de incorporarse a ninguna negociación en relación al decreto de reordenación del sector público andaluz con motivo de su tramitación parlamentaria".

En una nota, CSIF ha explicado que ha venido exigiendo "de forma clara y reiterada, desde el mes de julio y hasta la actualidad, la derogación de los decretos leyes de reordenación del sector público andaluz y el inicio de cualquier negociación, desde cero, en las mesas de negociación legalmente constituidas y con los legítimos representantes elegidos por los empleados públicos andaluces, y así lo ha hecho saber recientemente a todos los partidos presentes en el Parlamento de Andalucía, en las rondas de contactos que ha mantenido con ellos y de las que ha informado cumplidamente a los empleados públicos de la Administración General de la Junta".

CSIF-A ha aclarado además que "ningún sindicato tiene capacidad para negociar en sede parlamentaria, ello está reservado a los partidos políticos con presencia en el Parlamento, todo lo mas podrán se oídos y escuchados respecto a cualquier iniciativa parlamentaria en cuestión, pero el término 'negociar' no se corresponde con nuestro papel en esta institución".

En este sentido, CSIF-A ha sido invitado a exponer su postura en el Parlamento por la totalidad de los grupos parlamentarios presentes en el mismo "y, en cumplimiento de su derecho y obligación, comparecerá el próximo día 11 esperando por ello ser escuchado y que se tome buena nota de su intervención por los parlamentarios andaluces, particularmente por los del Grupo Parlamentario Socialista, como partido que sustenta al Gobierno andaluz".

CSIF expresa que su intervención "será, por tanto, en consonancia y coherencia con la postura que ha venido manteniendo a lo largo de este duro contencioso con el Gobierno Andaluz, que a base de decretazos, tanto daño está haciendo a los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía y a los intereses generales de toda la ciudadanía concretados en su derecho a una Administración objetiva, imparcial y eficaz".