El TS obliga a demoler la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento no se "deseable" que se tirara el edificio

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado una sentencia que obliga a demoler la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, ya que "la ordenación de la parcela es nula de pleno derecho por haberse aprobado para eludir el cumplimiento de la referida sentencia de fecha 10 de octubre de 2002 —la licencia urbanística fue aprobada por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento capitalino en 1997—, la que debe ejecutarse inmediatamente con demolición de lo construido al amparo de la licencia municipal anulada por dicha sentencia".

El actual concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, ha expresado en un comunicado la voluntad del Ayuntamiento de "acatar" la sentencia, aunque ha añadido que es necesario llegar a un acuerdo con los denunciantes (la Comunidad de Propietarios del Edificio San Telmo) para buscar una solución. "No sería deseable para la ciudadanía que se demoliese la biblioteca", dijo.

"Hay que pedir —continuó— responsabilidades a los gobernantes municipales del pasado cercano porque los tribunales nos hablan permanentemente de ilegalidades y desvío de poder en materia urbanística. La práctica urbanística permanente de los hechos consumados y que después resuelvan los tribunales nos ha llevado a esta situación insostenible para las arcas municipales y para la buena imagen de esta capital".

Por su parte, la sentencia recuerda que el 25 de septiembre de 1997, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria otorgó la licencia al Ministerio de Educación sin que existiera un Plan Especial que diera cobertura a la obra.

Dicha Comisión de Gobierno desestimó los informes técnicos y jurídicos donde se advertía de esta carencia (la del Plan Especial) y, además, de que el proyecto "desborda el ámbito de la parcela".

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo señaló que "el Plan Especial no existía cuando se concedió la licencia a pesar de que era preceptivo. Para intentar soslayarlo se concedió una licencia condicionada", mientras que añade que este proceder "es una actuación incursa en desviación de poder".

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