La Dirección General de Salud Pública del Principado de Asturias considera que la entrada en vigor, el próximo día 2 de enero, de la Ley que modifica la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos de tabaco, protege "a toda la ciudadanía" frente al riesgo de cáncer.

Así, considera que la nueva Ley del Tabaco es una medida "muy importante desde el punto de vista de la salud pública porque amplía el derecho de la ciudadanía a protegerse frente a la contaminación provocada por el humo ambiental del tabaco".

"El humo del tabaco es causa directa de un amplio número de enfermedades entre las que se encuentra el cáncer de pulmón que solamente en el año 2008 ocasionó la muerte de 2.384 varones y 1.527 mujeres en Asturias", señala el Gobierno asturiano.

La directora general de Salud Pública, Amelia González, asegura que la reforma legislativa es un avance muy importante porque deja patente que "el humo ambiental de tabaco es un agente cancerígeno de primer orden y así lo recoge al considerar la exposición al humo de tabaco como riesgo laboral". Sobre este aspecto, ha trasladado su felicitación a los sindicatos "por haber conseguido ese cambio en la Ley que tiene notables repercusiones en el ámbito de la salud laboral y su regulación".

Salud Pública entiende también que la Ley "es muy importante porque toca dos ámbitos esenciales desde el punto de vista de la promoción de la salud como son el sanitario y el educativo donde no solo se amplía el espacio de protección para la ciudadanía sino que esto se complementa además con otras medidas encaminadas orientadas a la prevención y la deshabituación".

En lo que se refiere a la sanidad, la ley obliga a las Administraciones a potenciar el acceso a tratamientos de deshabituación tabáquica en la red asistencial cuya eficacia y coste estén avalados por la comunidad científica, recuerda la Consejería de Salud.

Además, resalta que se insta al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a potenciar y promover la creación de unidades de deshabituación tabáquica, a definir los grupos prioritarios que resulten más vulnerables y el acceso a tratamientos de deshabituación tabáquica, valorando, en su caso, su incorporación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.