CC.OO estima que unos 18.000 hogares de Castilla y León podrán ser perceptores de la Renta Básica de Ciudadanía, por lo que, como avanzó el secretario de Acción Sindical, Vicente Andrés, es difícil cubrir la demanda con los 27 millones de euros presupuestados por la Junta para 2011 para costear este derecho, ya que con esta cuantía sólo se podría garantizar el pago a unos 4.000 beneficiarios.

Así lo avanzó Andrés, quien presentó junto a la secretaria de Política Social, Bernarda García, una campaña de información para dar a conocer este nuevo derecho social con el fin de que no haya "desconocimiento" sobre esta nueva prestación y que "nadie pase dificultades pudiendo solicitar la Renta".

Para difundir la puesta en marcha de este nuevo "derecho subjetivo" el sindicato ha editado unos 50.000 dípticos que se repartirán por toda la Comunidad, además de informar en todas las provincias e instalar cartelería en las oficinas de servicios sociales, centros de mayores, ayuntamientos, diputaciones y Ceas.

Así, Bernarda García incidió en que el número de perceptores totales podría llegar a los 18.000 si se tienen en cuenta los datos de la Estadística de Hogares y Familias de Castilla y León del año 2009, en la que se toma como base 2008. Según estos datos en la Comunidad hay 9.985 hogares con ingresos inferiores a 500 euros de entre dos y cuatro miembros, a lo que hay que sumar los 8.590 con ingresos mínimos de un solo miembro menor de 65 años.

Con estos datos y según los cálculos de CC.OO unas 18.000 familias tendrían derecho a percibir la Renta íntegra o sus complementos, lo que supondría que la Junta tendría que "multiplicar por cuatro o por cinco" el presupuesto previsto para 2011 porque con los 27 millones de euros actuales sólo podría cubrir a unos 4.000 beneficiarios que recibieran una cuantía media de 532,51 euros.

Tanto Bernarda García como Vicente Andrés explicaron que tras la puesta en marcha de la Renta Básica de Ciudadanía estaba prevista una nueva negociación para dar cobertura a aquellas personas mayores de 65 años no acogidas a este nuevo derecho con pensiones de menos de 500 euros, es decir, unos 13.092 hogares de Castilla y León.

Andrés informó del compromiso del consejero de Familia, César Antón, de negociar en el marco del Diálogo Social esta nueva prestación a partir de enero con el fin de crear una normativa de acceso a bienes de primera necesidad para estas personas.

"Se trataría de atender situaciones de emergencia, no sería una prestación lineal", aseveró.