El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha informado a Europa Press de que los líderes de la plantilla han acordado este martes convocar para las 12,00 horas del miércoles una asamblea general de trabajadores. Esta convocatoria surge después de que el pasado 21 de diciembre, el consejo de administración de la sociedad mixta debatiese asuntos relacionados con el "plan de saneamiento" encargado a Juan Carlos Recio, en especial "cuestiones que permitan seguir avanzando en políticas de ahorro".

Y es que el mercado central de abastos de Sevilla cerró su último ejercicio con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y afronta el citado pasivo a cuenta del conflicto que rodea al ERE de 2007, de cuya financiación se desliga el Gobierno andaluz con la consecuente paralización de las prejubilaciones de los cerca de 40 empleados acogidos al procedimiento. Ya mediado el año en curso, los órganos de gobierno de la compañía habían acordado la materialización de una operación 'acordeón' mediante la que los aproximadamente 9,2 millones de euros que figuraban como capital social de la empresa se reducirían a cero, para luego ser ampliado este concepto a 1.285.000 euros mediante aportaciones dinerarias y materiales.

Eludir la causa de disolución

El destino de esta maniobra no fue otro que impedir que la sociedad mixta incurriese en una posible causa de disolución, dado que los anteriores gestores de la compañía, Fernando Mellet y Daniel Ponce, habrían falseado las cuentas mediante unas prácticas que investiga actualmente el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla. De hecho, la auditoría elaborada por la consultora 'Deloitte' sobre las cuentas generales de la sociedad mixta Mercasevilla reveló que el ejercicio 2008, cuando la directiva liderada por Fernando Mellet repartió dividendos por valor 258.000 euros, se saldó en realidad con pérdidas que superaron los 1,5 millones de euros.

Mellet y Ponce, de cualquier manera, figuran como imputados en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta del supuesto intento de cobro de comisiones ilegales que se les atribuye, un posible delito societario y las supuestas irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado central, fallada a favor de una sociedad filial de la constructora Sando cuando al concurso concurría una oferta superior por parte del grupo Noga.

El conflicto de los servicios

La amenaza de "privatización" que atisba el comité de empresa del mercado central de abastos de Sevilla deriva de los servicios que la compañía cobra a los mayoristas de pescado por los servicios de transporte, manipulación y colocación del género y en concepto de facturación y cobro. Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en el caso de la facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre". Ambos gravámenes, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia y una sentencia de la Audiencia Nacional habría confirmado tal extremo.