El portavoz del grupo parlamentario de Compromís en las Corts y secretario general del Bloc, Enric Morera, ha manifestado este lunes que el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, es "un caradura que no puede continuar como presidente de la Diputación de Castellón porque no reúne los requisitos morales necesarios para representarse ni a sí mismo".

Así lo ha señalado en un comunicado Morera después de que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón haya decidido sobreseer la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos fiscales entre los años 2000 a 2003 —cuatro de los cinco de los que estaba acusado— al considerar que habrían prescrito por no haberse producido un acto de interposición judicial que interrumpiera el plazo para ello.

En su opinión, ese auto "pone en evidencia que nos encontramos ante un personaje inmoral que no debería estar ni un minuto más al frente de una institución pública".

Ha reprobado, en este sentido, que "un señor que se ha demostrado que ha cometido irregularidades tributarias" ahora "se escapa por la puerta falsa para escarnio de los ciudadanos que pagan".

"representa cada día más la cara de berlusconi"

Morera ha denunciado que "Fabra representa cada día más la cara de Berslusconi en la política valenciana y española".

"Aún espero que nos expliquen por qué se le facilitó un trasplante de hígado en la sanidad pública madrileña, si se cumplieron todos los protocolos en condiciones de igualdad para todo el mundo", ha agregado Morera, quien ha recalcado que no van a "callar" hasta que tengan "una respuesta en condiciones" por considerar que "no se debería beneficiar de la sanidad pública quien no paga sus impuestos como manda la ley, más cuando es un representante público".

Ha criticado igualmente "la pasividad del PSOE y de los representantes de la Agencia Tributaria en Castellón" a quienes, en su opinión, "habría que expedientar urgentemente por no haberse personado en el juicio".

"Es incomprensible a todas luces que la Agencia Tributaria, conocidos los hechos e informando al juzgado de los mismos, no haya considerado la posibilidad de abrir un expediente administrativo para impedir la prescripción", ha sentenciado Morera, quien considera que "habría que cesar los responsables del error".