La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), a la que están acogidos unos 17 millones de hogares y pymes, subirá un 9,8% a partir del próximo 1 de enero, según ha anunciado este lunes el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado este lunes la subida planteada por el Ministerio de Industria en respuesta al alza del coste de la energía en los mercados internacionales. Este porcentaje supondría un encarecimiento del recibo medio mensual de 3,2 euros por usuario, o de 38,4 euros al año, según ha destacado Marín.

En cuanto a las tarifas de gas, el Gobierno ha fijado el incremento medio en el 3,9%. Este porcentaje queda desglosado a razón de un 4,14% para los consumidores de T1, sin calefacción, que supondría unos 0,56 euros al mes, y del 3,87% para los de la T2, con mayor consumo, que se traduciría en 1,66 euros al mes.

La TUR, que se revisa trimestralmente, es desde 2009 la única tarifa que aprueba el Gobierno La subida de la tarifa eléctrica es el mayor alza porcentual desde que se inició la liberalización del sector eléctrico en 1997, aunque durante los gobiernos del PP (1996-2004) los incrementos del recibo de la luz estaban limitados al 2%, que era el objetivo de inflación marcado por el Banco Central Europeo (BCE).

La TUR, que se revisa trimestralmente, es desde julio de 2009 la única tarifa eléctrica que aprueba el Gobierno. A ella pueden acogerse los abonados con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (27 millones), que, no obstante, también pueden optar por contratar su suministro en el mercado libre.

La subida de la luz no afectará a los titulares del bono social, que está congelado y del que pueden beneficiarse los usuarios con potencias inferiores a los 3 kilovatios, así como los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y quienes perciban pensiones mínimas. El Gobierno calcula que pueden acogerse al bono social unos cinco millones de usuarios, aunque actualmente lo disfrutan unos tres millones, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Por ello, Marín ha anunciado la puesta en marcha, a partir de enero, de una campaña de información para que los 5 millones de consumidores que pueden acogerse al bono social lo hagan y recordó que para estos no subirá la luz hasta 2014.

La TUR se compone de los peajes eléctricos (55%), que remuneran los costes regulados del sistema (como transporte, distribución o primas a las renovables), y del coste de la energía (45 %), cuya evolución depende en gran parte del resultado de unas subastas para el suministro a tarifa (CESUR).

'Déficit de tarifa'

Para la revisión de enero, el Ejecutivo ha decido congelar los peajes, mientras que, según el sector, el coste energético se ha disparado un 16% por la subida de los precios fijados por subasta (entre el 1,8% y el 4,3%), el aumento del consumo en las horas más caras por la llegada del invierno (que encarece la energía un 9%) y el sobrecoste de determinados servicios (3%). A todo ello hay que añadirle, según las eléctricas, otro 3% por el aumento en un 72% de los pagos por capacidad para hacer frente a los incentivos al consumo de carbón nacional.

Pese al incremento de la TUR, el sector seguirá generando el denominado 'déficit de tarifa', que se produce desde hace una década porque los ingresos obtenidos a través del recibo de la luz no cubren todos los costes que soporta el sistema. En un intento de equilibrar esta diferencia, el Consejo de Ministros aprobó el pasado jueves una serie de medidas entre las que destacan el establecimiento de un peaje por el uso de las redes a las empresas generadoras de 0,5 euros por megavatio hora y el recorte en un 30% de las horas con derecho a prima a las instalaciones fotovoltaicas.

En 2010, la luz subió el 2,64% en enero y el 4,8% en octubre, en tanto que en julio el Gobierno pactó con el PP congelar la tarifa para buscar un pacto en materia energética que no se concretó. Además, el IVA aplicable a la tarifa eléctrica pasó del 16% al 18%. Desde que gobierna el PSOE la tarifa eléctrica se ha incrementado anualmente de forma constante, en tanto que para ver la última bajada de la luz hay que remontarse a 2001.

"Brutal tarifazo"

No obstante, la organización FACUA-Consumidores en Acción ha afirmado que el incremento de las tarifas eléctricas puede ser "muy superior" al 9,8% anunciado, en función del nivel de consumo de las familias. Tras calificar el incremento de "brutal tarifazo", la organización reclama en un comunicado "transparencia sobre la subida" y lamenta que el Gobierno "en plena crisis económica castigue la economía de las familias para satisfacer los intereses del sector energético".

Es un nuevo golpe para los autónomos FACUA considera que la metodología de subastas en la que se basa el Ejecutivo para decidir la evolución del precio del kWh "está viciada e implica tomar decisiones al dictado de las grandes empresas del sector energético".

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que la subida tarifaria supone "un nuevo golpe para los autónomos, que ya arrastran serias dificultades para mantener sus negocios". En un comunicado, la asociación afirma que con la nueva subida el problema de costes "se agravará y provocará un nuevo empobrecimiento de los autónomos agobiados por la fiscalidad, por la morosidad y por la falta de financiación".

La mayor subida en 27 años

La aprobación por parte del Gobierno del incremento de la tarifa eléctrica un 9,8% hace que esta se convierta en el mayor aumento que se produce desde 1983. Además, esta subida cuadriplica el IPC de este año, ya que los precios subieron un 2,3% hasta el mes de noviembre.

Las primeras reacciones a la subida de la luz no se han hecho esperar y las organizaciones de consumidores se han quejado al respecto indicando, entre otros aspectos, que no se creen que a través del recibo de la luz no se cubran todos los costes, el denominado 'déficit de tarifa'.

Esta es una de las principales razones esgrimidas para justificar el incremento de la tarifa eléctrica, la necesidad de controlar la diferencia entre ingresos y costes en el sistema eléctrico, que se viene arrastrando desde el año 2000 y que se espera que al finalizar 2010 supere los 20.000 millones de euros.

El director general de la OCU, José María Múgica, ha calificado la medida de "muy grave" y ha recordado que desde 2008 el incremento ha sido del 35,7%  y del 44% desde el año 2006.