El PP va a presentar en todos los ayuntamientos gaditanos una moción para pedir la aplicación de medidas urgentes para la financiación de las corporaciones locales. El texto de la misma fue acordado en la reunión de alcaldes y portavoces populares de grandes ciudades andaluzas, celebrada en Sevilla en este mes de diciembre.

Según explica en una nota el presidente del PP de Cádiz, José Loaiza, "la crisis económica ha provocado que las arcas municipales hayan visto reducida su recaudación a través de los tributos locales y, a pesar de ello, la Junta de Andalucía ha elaborado para 2011 unos presupuestos continuistas que no tienen en cuenta la situación de crisis".

Igualmente, agrega, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha despreciado "las legítimas demandas de suficiencia financiera de las entidades locales derivadas de la ausencia de la reforma del modelo de financiación local, incumpliendo con ello sus compromisos y los mandatos del Parlamento". A ello, hay que añadir la derogación de las líneas ICO de apoyo a la financiación de los ayuntamientos.

Por ello, Loaiza afirma que es "imprescindible" la adopción de medidas transitorias que, a su juicio, "palien las graves dificultades económicas-financieras por las que atraviesan las entidades locales con el objetivo de facilitar el normal funcionamiento de los ayuntamientos y evitar que se vean obligados a dejar de prestar servicios básicos".

La moción popular recoge solicitar al presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, la celebración de una asamblea extraordinaria en el mes de enero, que reivindique la reforma de la financiación local, su estabilidad presupuestaria y el saneamiento de las haciendas locales, de forma que los ayuntamientos puedan garantizar a los ciudadanos los servicios que necesitan en condiciones de igualdad y equidad y para alcanzar el peso político e institucional que corresponde a los entes locales como Administración más cercana.

De igual modo, se exige al Gobierno de la Nación que articule, "de forma real y efectiva", una línea de crédito ICO a favor de los ayuntamientos para que puedan hacer frente al pago de las obligaciones contraídas; que se aplacen las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación; que se flexibilice la capacidad de endeudamiento de los consistorios; que se autorice a los ayuntamientos a refinanciar los vencimientos de deuda del ejercicio, y que se les dote de una mayor liquidez, incrementando el porcentaje de las entregas a cuenta por el sistema de financiación del 95 al 98 por ciento, en línea con lo previsto para las comunidades autónomas.

También se reclama la mejora de la financiación de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, incrementando el Fondo Especial de Financiación para estos municipios y dotándolo adecuadamente para garantizar una participación en tributos del Estado de 165 euros por habitante.

Asimismo, se pide la modernización y actualización del papel de las diputaciones provinciales e incrementar los planes de cooperación de las mismas para alcanzar los niveles de inversión del ejercicio 2009, con la finalidad de mantener su capacidad inversora en las obras que destinan a servicios obligatorios básicos de los pequeños municipios y a la mejora de la red viaria.