IULV-CA propone impedir "contratos externos" en la Junta si existen funcionarios o laborales para realizar la tarea

Izquierda Unida formulará enmiendas al proyecto de Ley de reordenación del sector público que se tramita en el Parlamento andaluz para que la futura norma garantice que la Junta no podrá hacer "ningún contrato externo si existen funcionarios o laborales que puedan realizar la tarea" encomendada.

Así lo recoge un documento interno de IULV-CA sobre las líneas generales de las enmiendas que presentará el grupo parlamentario al proyecto de Ley de reordenación, que defiende con carácter general un "modelo profesionalizado de gestión pública frente a las privatizaciones y externalizaciones".

Dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, apuesta por "poner fin a los chiringuitos de la Junta, creando las condiciones de acabar con el proceso de desnaturalización de la Función Pública, y resolviendo la situación creada hasta la fecha en el sentido de blindar el carácter público de la gestión de lo público".

En este sentido, la federación de izquierdas se marca como objetivo la "erradicación de prácticas abusivas como la ubicación de los autónomos externos de las asistencias técnicas en las sedes de la Administración o las agencias, sustituyendo a los funcionarios y laborales en la realización de sus funciones o tareas".

Junto a ello, IULV-CA reivindica el "respeto al principio de subsidiariedad", de forma que no se puedan realizar "ningún contrato externo si existen funcionarios o laborales que pueden realizar la tarea", así como la "garantía de acceso a la función pública por las vías que establece nuestro ordenamiento constitucional".

Nombramientos políticos hasta el nivel de director general

Otros principios que defiende IU en la nueva Ley de reordenación del sector público pasan por "primar la carrera administrativa, funcionarial y profesional", de forma que "solo hasta el nivel de Director General podrá ser nombrado por los cargos políticos", mientras que el resto se hará "en base a la promoción y el mérito".

Por último, la federación de izquierdas quiere la futura norma permita "garantizar los derechos de los laborales y del resto de empleados públicos que no son funcionarios, incluida la voluntariedad de integración en las agencias", así como establecer la "negociación de un convenio colectivo único para todos los laborales de la Junta, sin perjuicio de la negociación de condiciones particulares en cada agencia en función de las peculiaridades del contenido de las tareas a cubrir en ellas".

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