La subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo, ha defendido este jueves su "interpretación" del informe del Servicio de Obras y Proyectos que vetaba la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación en los suelos de Mercasevilla, cuyos derechos de superficie ostentaba Larena 98 hasta su subrogación a favor de Sanma. Barrial, que ha declarado como imputada ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, por haber informado favorablemente para la concesión de una licencia de obras a Sanma, ha alegado que la licencia era viable "condicionada a que las obras de urbanización se encontraran concluidas con la licencia de ocupación".

Barrial ha declarado este jueves por espacio de siete horas ante la juez Alaya dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga. La juez Alaya entiende que "conculcó" la legalidad vigente y "desoyó" el informe del jefe del Servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales de 12 de abril de 2004 que exigía la conclusión de las obras de urbanización sobre los terrenos en los que se solicitaba la licencia para poder conceder la misma.

En el acta de su declaración, consultada por Europa Press, la juez entiende, en lo referente al expediente de licencia de obras de la entidad Larena 98, que Barrial "actuó a sabiendas de su injusticia" y "de manera clara e intencionada llevó a cabo una continua dilación del procedimiento", e incluso en un informe de 13 de julio de 2006 "sigue cansinamente exigiendo" a Larena el cumplimiento de una serie de deficiencias "menores", como un aseo para minusválidos, todo ello "pese a que estaba ya tramitándose desde mayo de 2006 otro expediente de obras sobre los mismos terrenos para la entidad Sanma".

Tras señalar que "era claro el interés municipal de que Sanma se convirtiera finalmente en propietaria de todos los terrenos de Mercasevilla", la juez acusa a la imputada de que, "a sabiendas de su injusticia y conociendo que subsistían los mismos problemas de ausencia de infraestructura eléctrica", informó favorablemente de la concesión a favor de Sanma de licencia de obras de carácter provisional de 14 naves industriales y un edificio de dos plantas de oficinas.

La imputada ha dicho que, "aunque vio seguramente" el informe de 12 de abril de 2004, "no lo interpreta como que las obras de urbanización tuvieran que estar concluidas para la concesión de licencia de edificación, pues este informe en similares términos se contiene en el resto de los expedientes que tramita", añadiendo que "lo que ha interpretado es que se podía haber concedido licencia de edificación condicionada a que las obras de urbanización se encontraran con la licencia de ocupación".

"instrucciones" de marchena

La juez le ha preguntado además si "la norma general para la concesión de licencias de edificación es la conclusión de las obras de urbanización y que sólo excepcionalmente se admitirá la ejecución simultánea de las obras de urbanización y las de edificación", a lo que Emilia Barrial ha contestado que "esto es cierto, pero no obstante la realidad ha sido muy diferente a lo que marcan las normas urbanísticas, aunque cree que esta realidad está amparada en las mismas normas, y es que la habitualidad ha sido que las obras de urbanización se realicen simultáneamente con las de edificación".

De igual modo, y cuestionada sobre "si no es más cierto que a partir de octubre de 2004 recibió instrucciones de sus superiores, entre ellos del gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, para que no se adoptase ninguna decisión definitiva sobre el expediente de licencia de obras de Larena", ha señalado que "no es cierto, pues no recibió ninguna instrucción, de ningún tipo". "El problema fundamental no era el tema del suministro eléctrico, sino el tema de que no se había aprobado de manera definitiva el estudio de detalle, que se aprueba en febrero de 2005 y se publica en abril del mismo año", ha añadido.

La imputada ha reconocido, además, que durante seis meses se tramitaron dos expedientes de licencias de obras —el de Larena y el de Sanma— sobre los mismos terrenos, aunque ha defendido que esto "no es algo infrecuente". Hay que recordar que el director del Departamento de Obras e Infraestructuras de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Luis G.M., ya aseguró durante su declaración como testigo que "le encuentra muchos errores" a la concesión a 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' tanto de la licencia de obras como de la licencia de primera ocupación de los terrenos, otorgadas a pesar de que las obras de urbanización y de infraestructura eléctrica no habían concluido.

Después de que la juez Mercedes Alaya le preguntara si "puede explicar por qué, subsistiendo las mismas deficiencias y ausencia de obras de infraestructura eléctrica que cuando Larena 98 solicitó su licencia de obras, que finalmente no le fue concedida, a Sanma sí se le concede dicha licencia el 25 de julio de 2007 y, además, en las mismas circunstancias se le concedió licencia de primera ocupación el 30 de enero de 2009", el alto cargo de Urbanismo respondió que "le encuentra a ello muchos errores, pues si hubiera conocido este problema de suministro eléctrico hubiera intervenido comunicándose con Endesa y con todas las empresas de servicios que hubiera sido necesario".

En su declaración, este testigo aseveró que, en caso de haber conocido que la situación de falta de suministro eléctrico persistía, hubiera realizado un informe "desfavorable" a la concesión de la licencia de edificación, y subrayó que "habitualmente hay problemas con Endesa, pero no con esta magnitud", ya que "no se trata de una incidencia habitual, sino que es bastante peor de lo normal".