Un total de 37 presos saldrán desde este jueves y hasta el sábado de las cárceles de Canarias beneficiados por la reforma del Código Penal, según informaron a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciaras, que precisaron que a nivel nacional el número inicial de excarcelados se eleva a 408.

En el archipiélago, de los 37 primeros que saldrán de las prisiones con el efecto de la reforma, que ha entrado en vigor este miércoles, 16 de ellos abandonarán el Centro Penitenciario de Las Palmas, conocido como Salto del Negro, en la capital grancanaria; mientras que 11 dejarán atrás la cárcel de Arrecife (Lanzarote).

A ellos se suman nueve personas, que partirán del Centro de Inserción Social de Tenerife, del que dependen los reos que acceden al régimen abierto o semiabierto, localizado en Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife; así como un interno libre del Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma.

La mayoría por tráfico de drogas

La mayoría de los penados que quedan en libertad cumplían condena por delitos de tráfico de drogas, cuyas sentencias han sido revisadas por los diferentes juzgados, donde los jueces han considerado que se les puede aplicar la reforma a estas personas tras estudiar cada caso.

Las mismas fuentes añaden que, en su mayoría, se trataba de "pequeños narcotraficantes" a quienes se les impuso "penas excesivamente desproporcionadas" de acuerdo a la anterior legislación.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, advirtió el pasado lunes en una visita a Las Palmas de Gran Canaria de que la reforma del Código Penal "no prevé una excarcelación masiva" de presos, sino "muy poquitos supuestos".

Minutos antes de ofrecer una conferencia sobre la entrada en vigor del nuevo Código Penal en la sede del periódico Canarias7, Caamaño manifestó desconocer el número de reos que quedarán en libertad o verán reducida su pena gracias a la modificación del documento, en el que determinados delitos van a tener un tratamiento más favorable.

Son los casos de personas condenadas por tráfico de drogas y delitos contra la seguridad vial y la propiedad industrial (conocido como 'top manta'), que podrían ver reducidas sus penas y en algunos casos hasta podrían ser excarceladas.