El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, se ha dirigido al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, trasladándole la "grave situación" que se produce en numerosos ayuntamientos andaluces y españoles, como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 485/2009.

Según ha explicado la FAMP en un comunicado, este decreto, que se aprobó en el marco del proceso de liberalización del mercado energético, implica el corte de suministro a aquellos ayuntamientos que no tengan contratado el suministro de energía con una comercializadora a precio libre, antes del 31 de diciembre de 2010.

Concretamente, se da la circunstancia de que en numerosos concursos de adjudicación del suministro, convocados por los ayuntamientos, han quedado desiertos por no concurrir ninguna compañía suministradora.

En el caso de Andalucía, Endesa se ha dirigido a los gobiernos locales anunciándoles que, "salvo que se produzca una modificación de la legislación vigente, de la cual no tenemos constancia a fecha del envío de la presente carta se procederá a la suspensión del suministro eléctrico", asegura la FAMP.

En esta línea, la institución ha querido recordar que desde el 1 de Abril de 2010, los ayuntamientos en potencias contratadas superiores a 10 KW están soportando un recargo de un 20 por ciento de penalización en sus tarifas al no poder contratar el suministro en el mercado libre.

Francisco Toscano se ha dirigido también al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, trasladándole la necesidad de encontrar una solución a este problema. Asimismo se ha dirigido al consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, con el objeto de que el ejercicio de sus competencias la Junta de Andalucía pueda determinar en su caso las prácticas restrictivas de la competencia o la posición dominante de las comercializadoras eléctricas.