«No se trata ni mucho menos de criminalizar al arrendatario, sino todo lo contrario», declara Lourdes Alboreca, de Alboreca Abogados de Vivienda, gabinete impulsor de esta iniciativa. De hecho, una de las consecuencias que prevén tras su puesta en marcha es el abaratamiento de los precios del alquiler, ya que el mercado contará con más pisos disponibles una vez mitigado el miedo de muchos propietarios.

Delito de estafa

La segunda razón que ha motivado la creación de este registro es la de asegurar el pago de sus deudas por parte del inquilino. Sus promotores pretenden conseguir que aquellas personas que aparecen en él dos o más veces puedan ser juzgadas por delito de estafa.

«En estos casos de reincidencia probada no estaríamos ante un mero incumplimiento de obligaciones, sino ante un auténtico delito», asegura la abogada. Se trata, en realidad, de un cambio en el procedimiento. Si, efectivamente, se considera el delito de estafa, el trámite se realizaría en el ámbito penal y no civil, lo que implica que será el Estado, y no ya el propietario, el encargado de perseguir judicialmente al moroso, que deberá pagar al propietario lo que le debe, además de indemnizaciones por daños morales y que, incluso, podría ser condenado a prisión por reincidente. «Los propietarios deben ser solidarios entre ellos e incluir en el registro las sentencias de sus inquilinos morosos», aconseja Alboreca. Puede consultar el registro en el teléfono 902 503 630.