La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha anunciado el convenio firmado con el Ministerio del Interior por el cual los jueces podrán acceder al sistema de alertas que poseen las Fuerzas de Seguridad ante los casos de violencia de género.

Bravo ha explicado en la sede del CGPJ los acuerdos adoptados el último Pleno del año, y entre ellos ha destacado este convenio de colaboración con el Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba y que está enmarcado en "la línea de compromiso" del órgano de gobierno de los jueces para "erradicar la violencia sobre la mujer".

De esta forma, el acuerdo dará lugar a "la incorporación de los órganos judiciales penales de seguimiento integral de los casos de violencia de género" y permitirá a los juzgados acceder directamente al sistema de "alertas o alarmas" en casos de maltrato sobre la mujer. "Por parte del CGPJ se pretende facilitar a juzgados y tribunales penales, competentes en materia de violencia de género, que puedan acceder a la aplicación antes indicada a través del Punto Neutro Judicial", ha explicado.

En su sesión de este miércoles, el Pleno también ha aprobado un informe que aboga por efectuar una regulación específica sobre el régimen de trabajos en beneficio de la comunidad cuando el penado participe en talleres o programas formativos. En materia de libertad vigilada, ha advertido de la "ausencia de toda regulación" sobre el procedimiento y el seguimiento de la misma.

Quejas de los ciudadanos

Asimismo, ha puesto de manifiesto que los ciudadanos han presentado 2.585 quejas durante el tercer trimestre de 2010, lo que supone un descenso del 8 por ciento en relación con el periodo anterior. Según ha aseverado, Madrid "continúa siendo" la comunidad donde se presentan más reclamaciones con un total de 532 reclamaciones recibidas, seguida por Andalucía con 397 quejas, la Comunidad valenciana con 348 quejas, y Cataluña con 333.

Por su parte, ha informado de que Navarra, con 20 quejas, La Rioja, con 21 quejas y Asturias, con 24 son los territorios donde menos quejas presentan los usuarios. Según ha añadido, un 35 por ciento de las quejas recibidas tienen que ver con el Registro Civil y un 25 por ciento se refieren a los órganos judiciales del ámbito penal.

Los motivos principales de reclamación están relacionados con el propio funcionamiento de juzgados y tribunales, que representan un 76 por ciento de todas las quejas, y con la disconformidad con la resolución judicial.

"Un dato significativo es que en este trimestre han descendido muy notablemente, un 35 por ciento menos, situándose en una inapreciable 1 por ciento del total las quejas referidas a desigual trato de los tribunales con los más débiles o desprotegidos", ha agregado.

Además, el Consejo ha aprobado un informe sobre el Anteproyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el que defiende que la ampliación de su ámbito competencial precisaría de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo a las solicitudes de entrada ordenadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a las competencias que se atribuyen a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes.

El informe también aboga por la incorporación del procedimiento monitorio laboral para agilizar las reclamaciones de deudas laborales en aquellos supuestos en que no se suscite oposición y dedica particular atención al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, proponiendo mejoras en la redacción, que se delimite con mayor claridad la naturaleza de la intervención de los sindicatos y demás entidades legitimadas y que en los procesos que versen sobre acoso, el autor o autores materiales sean considerados parte necesaria.

La aprobación de esta norma contempla la inclusión en el orden jurisdiccional social de materias que actualmente pertenecen a los ámbitos contencioso administrativo y civil.

Entre ellas se encuentran los litigios que tengan por objeto la impugnación de actos de las administraciones publicas sujetas a Derecho Administrativo en materia laboral, los accidentes de trabajo, el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, las autorizaciones de entrada en domicilio solicitadas por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social o la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas que tengan conexión directa con la prestación de servicios, tanto si los autores son el empresario u otro trabajador.