IU-CA cree que las "contradicciones" de la causa de la grabación prueban la "trama política"

La dirección de IU-CA en La Algaba (Sevilla) advierte de las "contradicciones" en las que habrían incurrido los últimos testigos que han comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 15, depositario de las diligencias incoadas en torno a una grabación sonora en la que los socialistas algabeños identifican, "claramente", la voz del ex alcalde José Luis Vega (IU-CA) reclamando, supuestamente, 30.000 euros a unos promotores por otorgar licencias de primera ocupación. Según la federación de izquierdas, tales contradicciones prueban que todo responde a una "trama política" destinada a sabotear la candidatura de Vega a la Alcaldía.

La dirección de IU-CA en La Algaba (Sevilla) advierte de las "contradicciones" en las que habrían incurrido los últimos testigos que han comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 15, depositario de las diligencias incoadas en torno a una grabación sonora en la que los socialistas algabeños identifican, "claramente", la voz del ex alcalde José Luis Vega (IU-CA) reclamando, supuestamente, 30.000 euros a unos promotores por otorgar licencias de primera ocupación. Según la federación de izquierdas, tales contradicciones prueban que todo responde a una "trama política" destinada a sabotear la candidatura de Vega a la Alcaldía.

De la documentación hecha pública, se desprende que el 15 de julio de 2008, un informe jurídico de la oficial mayor del Ayuntamiento informaba desfavorablemente sobre estas licencias de primera ocupación solicitadas el 26 de junio por la promotora 'Arcopro S.L.'. El 15 de julio, cuando José Luis Vega aún ostentaba la Alcaldía de La Algaba, él mismo libraba una licencia urbanística para una primera ocupación en favor de esta empresa merced al "informe favorable" de los servicios técnicos municipales y "visto" el informe de la oficial mayor del Consistorio.

La ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P. ha testificado este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 15 que, efectivamente, la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", si bien ha aclarado que "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor". "No se subsanaron los defectos que, para la firma del decreto —de Alcaldía—, señalaba el informe de la oficial mayor", ha testificado Encarnación C.P., quien ha defendido que "no había ninguna duda en cuanto a que no se podía conceder las licencias".

Los empresarios

IU-CA ha recordado que en sus comparecencias, tres de los empresarios que conformaban la directiva de 'Arcopro S.L.' por aquel entonces han testificado "sin declarar" que Vega les reclamase 60.000 euros. "Es mas, uno de ellos, concretamente Pablo Fatuarte, declaró que Vega le dijo en la supuesta conversación grabada que el Ayuntamiento "ha pedido 30.000 euros y que eran para el Consistorio". El empresario Abraham Romero, de su lado y según IU-CA, habría declarado que "no participó en la supuesta reunión y que por aquella fecha la empresa Arcopro tenia pendiente de pago las tasas y el ajardinamiento de la urbanizacion, lo que según testigos suponía los 60.000 euros de los que se está hablando".

El ingeniero Jerónimo Gutiérrez, según el comunicado de la federación de izquierdas, "declara que nunca José Luis Vega le pidió que le trasladase a los empresarios que las licencias de primera ocupación estaban condicionadas al pago de dinero alguno". "Es más, declaró que el ex alcalde por aquellas fechas le dijo que les trasladase a los empresarios el recordatorio de que tenían pendientes de pagar las tasas municipales y de los jardines de la urbanización".

En cuanto a la declaración de la ex secretaria general del Ayuntamiento, IU-CA ha recordado que ella ha reconocido ante el Juzgado de Instrucción número 15 que "existían informes favorables del arquitecto municipal, que es quien confirma que las obras ejecutadas coinciden con las que se presentan y que ella no recuerda que le dijese a Vega que existía un informe favorable, lo cual no confirma lo dicho por la oficial mayor". "Estas declaraciones dejan aún más claro que tras esta denuncia existe una trama política", señala la federación de izquierdas.

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