Esto anuncia que los peores augurios sobre la reciente movida de los documentos reclamados por la Generalidad de Cataluña van a cumplirse y que poco a poco se convertirá aquel en un almacén de fotocopias. En este asunto, como en otros, doña Carmen no pensó dos veces en las consecuencias. Lo lógico es que antes de mover nada hubiera una ley de archivos de la documentación de esta época, tratando de recuperar los documentos oficiales que se hallan en manos privadas –por ejemplo los que se llevó Serrano Súñer, tan reclamados por Tussell–, o incluso en paradero desconocido, como según Espinosa sucede con la mayor parte de la documentación de la Falange. Esperemos que la Ley de la Memoria Histórica sirva para algo y que doña Carmen intervenga en ella lo menos posible.